BUENOS AIRES (AP) — Las tradicionales movilizaciones de sindicatos por el Día Internacional del Trabajador en Latinoamérica que se desarrollaban este miércoles pusieron el foco principalmente contra las políticas de ajuste y la caída de los salarios, mientras en el caso de El Salvador sirvieron de excusa para cuestionar el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Varios cientos de trabajadores se movilizaron hacia el centro de Buenos Aires convocados por la principal central sindical de Argentina, justo un día después de que el presidente Javier Milei lograra el primer respaldo parlamentario a una reforma laboral que los gremios consideran una amenaza para sus derechos.
"Cuando todos los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados, es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores", expresó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un documento difundido en coincidencia con la manifestación que se congregó frente al centenario Monumento al Trabajo.
La referencia apunta a las políticas de austeridad y reformas impulsadas por el ultraliberal Milei, quien la víspera logró su primera victoria legislativa con la sanción en la Cámara de Diputados de la llamada Ley de Bases, un paquete de normas con las cuales el mandatario pretende desregular una economía signada durante las últimas décadas por una fuerte intervención estatal. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.
En materia laboral, el proyecto amplía el período de prueba de un trabajador, deroga multas contra empresas por empleados no registrados, establece un nuevo sistema de compensación por despidos y sanciona la participación en bloqueos o tomas de establecimientos por parte de trabajadores.
Para la CGT, históricamente ligada al peronismo que hoy está en la oposición, Milei "en nombre de una malentendida ´libertad de mercado´, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados", que vienen padeciendo desde hace años una inflación —de 288% interanual en marzo— que devora sus bolsillos y arrojó a la pobreza a casi 42% de los argentinos.
La CGT además ratificó la segunda huelga general contra Milei el 9 de mayo.
En coincidencia con la protesta, el presidente publicó un video en redes sociales saludando a los trabajadores por su día y planteó en un mensaje indirecto a los sindicatos: "¿Quién es el bueno o el malo? ¿El que reclama derechos que no existen o aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria?".
En Caracas, docenas de trabajadores, jubilados y sindicalistas salieron a las calles para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro salarios dignos, respeto a las convenciones laborales y su derecho a protestar.
En la céntrica Plaza Venezuela protagonizaron una breve escaramuza luego de que desconocidos en motocicletas, supuestos simpatizantes del gobierno, agredieron a varios de los manifestantes justo cuando iniciaban la caminata.
Agentes de la Policía Nacional, con equipos antimotines, bloquearon el paso de la marcha opositora, particularmente en áreas donde los seguidores oficialistas se concentraban a distancia.
Tras participar en el último tramo de la marcha oficialista, Maduro anunció su decisión de incrementar de 100 a 130 dólares el "ingreso integral de los trabajadores", que en el pasado ha estado constituido casi en su totalidad en bonos --incluido el llamado bono de alimentación, que se pagan a los trabajadores que prestan servicios en el sector público y privado-- con el propósito de compensar en parte el salario mínimo. No quedó claro si el salario mínimo experimentará una variación.
Los críticos del gobierno rechazan que en los últimos años casi la totalidad de sus ingresos sean bonos, puesto estos no tienen incidencia en otros beneficios laborales como vacaciones.
Los gremios piden un aumento del salario mínimo, que se mantiene inamovible desde marzo de 2022 en 130 bolívares al mes, equivalentes a 3,56 dólares. En la práctica, el salario mínimo, que devengan millones de venezolanos, no alcanza para comprar un litro de aceite de maíz que cuesta 3,69 dólares.
A lo largo de los 25 años de gobierno socialista, Venezuela ha estado sometida a una severa crisis, signada por una alta inflación, bajos salarios y elevados precios, que ahora se fijan de acuerdo con su costo en dólares.
Los sindicalistas reclaman un salario mínimo equivalente a 200 dólares.
En la misma jornada también marcharon los partidarios del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, una de las mayores agrupaciones sindicales pro-oficialistas, con consignas contra el "imperialismo" y en rechazo a las sanciones estadounidenses que buscaban forzar a Maduro a dejar el poder.
En Ecuador, miles de trabajadores, integrantes de colectivos sociales y estudiantes, entre otros, protagonizan bulliciosas marchas pacíficas en las calles Quito, Guayaquil y Cuenca, en las que principalmente reclamaban respeto a los derechos laborales y más fuentes de trabajo. "Por trabajo y vida digna", coreaban los manifestantes, mientras otro grupo tildaba de "mentiroso" al presidente Daniel Noboa por no cumplir sus promesas de campaña de trabajo, salud y educación.
Uno de los gritos más repetidos era "de la lucha del pueblo, nadie se cansa" alternado con "que vivan los derechos de los trabajadores".
Las marchas se desplazaban en medio de una prudente custodia policial y generando un atronador ruido con bocinas, tambores y cornetas y alzando carteles en contra de las privatizaciones, del gobierno y del Fondo Monetario Internacional.
En contraste, el presidente de Bolivia Luis Arce participó de la movilización de los trabajadores de su país liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) y decretó un aumento 5,8% del salario mínimo en busca de afianzar su alianza con los sindicatos frente a un creciente malestar social por la crisis económica.
"La unidad del gobierno con los trabajadores está sellada", dijo el mandatario de centroizquierda que llevaba puesto un casco de minero justo en momentos en que su país enfrenta una merma de ingresos por una baja en la producción de gas.
Arce aprovechó la ocasión para culpar a disidentes de su partido y a la oposición por "bloquear" su gestión desde la Asamblea Legislativa en la aprobación de créditos. "Algunos hermanos le hacen juego a la derecha para frenarnos", dijo.
Con el incremento, el salario mínimo de Bolivia subió a un equivalente de 359 dólares. Según los expertos, beneficiará a un 20% de la masa laboral debido a la alta informalidad que ronda el 75% de la economía boliviana.
Miles de personas marcharon por las calles de Santiago de Chile en el marco de varias manifestaciones que, en su mayoría, transcurrieron de forma pacífica, aunque se registraron diversos episodios de vandalismo y enfrentamiento con la policía con un saldo de 15 detenidos.
El acto principal fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización multisindical de Chile, que contó con la presencia de diversos ministros y autoridades del gobierno del izquierdista Gabriel Boric.
"Estamos defendiendo los derechos de los trabajadores pero también celebrando que ahora vamos a trabajar 40 horas, que el sueldo mínimo ha aumentado y tratando para que cambie el sistema de previsiones de seguridad social", dijo la jubilada Angélica Molina, de 85 años, participante de la marcha del 1 de mayo desde que tenía 19 años.
En el centro de la capital chilena se registraron actos de vandalismo contra comercios y edificios públicos y choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que dispersaron a la muchedumbre con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Los enfrentamientos, habituales en la fecha, obligaron al cierre de diversas estaciones del metro y resultaron en la detención de manifestantes, aunque no se reportaron heridos.
En El Salvador, trabajadores aglutinados en la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) y miembros de organizaciones sociales y gremiales opositoras al gobierno de Bukele, con adhesión de partidos opositores, marcharon sin que se reportaran incidentes graves.
Los opositores al gobierno dijeron que marchaban en defensa de los derechos laborales y para exigir que se termine el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y que ha permitido la captura de más de 79.200 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o colaborar con estos grupos criminales. Más de 7.000 personas han sido liberadas porque no se pudo comprobar su vínculo con las pandillas.
"Nos unimos a esta marcha del 1 de mayo para visibilizar a las víctimas inocentes del régimen de excepción", expresó Alfredo Mejía de la organización no gubernamental Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
En Perú, hubo proclamas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte durante las manifestaciones, a raíz de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Es triste lo que pasa en el país, a la presidenta parece que sólo le importan los relojes lujosos y las sortijas doradas para adornar esas manos manchadas de sangre", dijo Nicolás Ccoycca, un transportista de 68 años que viajó desde la región Huancavelica y llevaba una bandera de Perú.
Entre los manifestantes también había familiares llegados desde el sur del país de los civiles que murieron —en su mayoría por disparos de la fuerza pública— en las protestas antigubernamentales ocurridas en los Andes en 2022 y 2023. Exigían justicia por sus muertes en medio de choques con la policía antimotines en la capital peruana.
"Mi vida es otra desde que mataron a mi hija, protestaré hasta que esa Dina asesina se pudra en la cárcel", dijo Dominga Hancco, madre de Jhamileth Aroquipa, una estudiante de 17 años de Psicología en la Universidad de Aquino, en Bolivia, quien recibió un balazo en el abdomen el 9 de enero en Juliaca.