LIMA.- El destituido presidente de Perú Pedro Castillo deberá permanecer 18 meses en prisión en lo que se lleva a cabo una investigación en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ordenó un juez el jueves, después de aceptar la solicitud de la fiscalía.
Mientras el juez supremo Juan Carlos Checkley leía su resolución en una audiencia virtual, cientos de manifestantes recorrían las calles aledañas al Congreso y la Corte Superior, custodiadas por un fuerte contingente policial.
En tanto, el Parlamento debate un proyecto para adelantar las elecciones generales a fin de ponerle fin a las violentas protestas que se han registrado en los últimos días después de la destitución y detención de Castillo.
El Ministerio de Salud confirmó el jueves que 14 personas han muerto durante las protestas, mientras que otras 40 han sido hospitalizadas. Los fallecimientos se han registrado en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho, en el sur del Perú, y La Libertad, en el norte.
El gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo que se suspenden derechos y libertades públicas en un intento por contener los enfrentamientos, los cuales han afectado al comercio y al turismo debido a los bloqueos en carreteras y el cierre de aeropuertos y servicios ferroviarios.
La medida suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
Las autoridades ordenaron el jueves por la tarde un toque de queda en 15 provincias ubicadas en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.