WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump está reconsiderando si avanzar con un fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a compensar a aliados suyos, dijo el lunes una persona al tanto de su postura, mientras que el Departamento de Justicia indicó que suspendería temporalmente su implementación para acatar una orden judicial.
Fondo de compensación enfrenta reveses legales y presiones políticas
La posible marcha atrás es un reconocimiento de los reveses jurídicos que el fondo ha enfrentado desde que fue anunciado hace dos semanas, así como de una creciente reacción política de algunos republicanos, preocupados por lo que se dice es una falta de supervisión sobre el desembolso del dinero y la posibilidad de pagos a participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
El gobierno de Trump había defendido el "Fondo contra la Instrumentalización" (de organismos públicos) de 1,776 millones de dólares —creado para resolver la demanda del mandatario contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS) por la filtración de sus declaraciones financieras—, considerándolo una medida correctiva adecuada para compensar lo que funcionarios insisten que fue la politización de las fuerzas del orden durante el gobierno del presidente Joe Biden.
Aunque algunos simpatizantes de Trump —incluidos participantes en los disturbios en el Capitolio— celebraron el anuncio del fondo, la reacción entre los republicanos en el Congreso ha sido decididamente más hostil. El fondo fue uno de los temas de los que el mandatario habló con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con quien se reunió el lunes, según una persona a la que se le concedió guardar el anonimato para que pudiese declarar sobre una conversación privada.
El lunes, una persona al tanto del asunto —que insistió en guardar el anonimato para poder hablar de la postura del presidente— dijo que Trump estaba reconsiderando si avanzar con el fondo. El Departamento de Justicia manifestó por separado que cumplirá con el fallo del viernes de una jueza federal en Virginia, quien ordenó suspender los planes del fondo a la espera de que haya argumentos adicionales más adelante este mes, aun cuando señaló que "discrepa enérgicamente" de esa decisión.
Legisladores exigen supervisión y límites al fondo
Los legisladores han expresado preocupaciones sobre la falta de supervisión del dinero, y presionaron al gobierno para que imponga límites al fondo o lo deseche por completo. Esto complicó especialmente las cosas en el Senado, donde, en un gesto de desafío, los republicanos se fueron de la ciudad hace 10 días sin aprobar un proyecto de ley para financiar las agencias del gobierno de Trump encargadas de controlar la inmigración ilegal.
Los republicanos que regresaron a Washington el lunes advirtieron que no tendrán los votos para aprobar el proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca trabaje con ellos con el fin de establecer parámetros sobre el fondo.
El líder de la mayoría en la cámara alta, John Thune, indicó el lunes que espera que la Casa Blanca actúe para abandonar el fondo.
"Sí creo que la mejor manera de manejarlo es si el gobierno decide cerrarlo por su cuenta", declaró Thune a los reporteros.
Algunos senadores presionaron al secretario de Justicia interino, Todd Blanche, con respecto al fondo en una reunión a puerta cerrada el mes pasado, que el senador Ted Cruz calificó como una de "las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado".
El futuro del fondo quedó en entredicho el viernes por un par de fallos judiciales.
En Virginia, la jueza federal de distrito Leonie Brinkema detuvo temporalmente su creación y programó una audiencia para el 12 de junio, a fin de escuchar argumentos sobre si debe extender su orden que le prohíbe al gobierno avanzar con el fondo mientras un litigio pendiente lo impugna.
El Departamento de Justicia manifestó el lunes que acatará el fallo, pero señaló en un comunicado que "este fondo estaba abierto a cualquiera que hubiera sido objeto de esa instrumentalización de la justicia, ya fuera demócrata, republicano, conservador, independiente o de otro tipo".
Por separado, la jueza federal en Florida que supervisa la demanda de Trump contra el IRS les ordenó a los abogados del mandatario responder a "graves acusaciones" de críticos del acuerdo, quienes sostienen que el presidente abandonó sus reclamos para evitar el escrutinio del tribunal sobre un acuerdo ilegal. La jueza de distrito Kathleen Williams les dio plazo hasta el 12 de junio para responder por escrito a las acusaciones de colusión, y a si el caso debe reabrirse porque el tribunal fue "víctima de un fraude".