El Cairo, 14 ago (EFE).- Las autoridades egipcias llevan una década sin responsabilizar a nadie de la mayor matanza masiva de la historia moderna de Egipto, la masacre del desalojo de la plaza de Rabaa al Adauiya, en la que murieron cientos de manifestantes simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, afirmaron hoy Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
La masacre de Rabaa, "probablemente un crimen de lesa humanidad", tuvo lugar en El Cairo el 14 de agosto de 2013 y dio inicio a una campaña de represión masiva contra los críticos del Gobierno, precipitando una de las peores crisis de derechos humanos del país árabe en muchas décadas, indicó HRW.
Las cifras de los muertos varían según las fuentes: 632 muertos de acuerdo con el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto en su informe final en 2014, en el que se incluyen ocho policías, así como 1.492 heridos y 800 arrestados; mientras que como HRW eleva los fallecidos a 817 manifestantes o más de 900, según AI.
Precisamente, AI ha dicho los últimos diez años sólo pueden describirse como "un decenio de la vergüenza", dado que la masacre fue "un punto de inflexión tras el cual las autoridades egipcias han seguido implacablemente una política de tolerancia cero con la disidencia", indicó en un comunicado el director de Investigación y Trabajo de Incidencia de AI para Oriente Medio y el Norte de África.
Aseguró que "la falta de una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional ha permitido al ejército y las fuerzas de seguridad de Egipto salir literalmente impunes de un asesinato masivo. No hay esperanza de que Egipto salga de su actual crisis de derechos humanos si sus autoridades no rinden cuentas de aquel día, el más oscuro de la historia moderna del país".
Tras la matanza de Rabaa, la Unión Europea decidió suspender las exportaciones de armas y bienes que pudieran utilizarse para la represión interna.
Sin embargo, más de una docena de países, entre ellos Bulgaria, Chipre, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Rumanía y España, incumplieron esta suspensión y siguieron enviando material militar a Egipto.
En julio de 2013, la Unión Africana suspendió a Egipto tras el golpe militar, pero le devolvió la condición de miembro en 2014 a pesar de su falta de avances en materia de derechos.
Por su parte, el director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de HRW, Adam Coogle, señaló en un comunicado que "la masacre de Rabaa precipitó una devastadora campaña de detenciones, juicios farsa, torturas y exilio que prácticamente ha eliminado cualquier espacio para el diálogo crítico y ha expulsado del país a muchos reformistas".
"Sin justicia, Rabaa sigue siendo una herida abierta", sentenció Coogle.