La alcaldesa de la ciudad boliviana de Vinto, Patricia Arce, cuyas imágenes cuando fue vejada por una turba se hicieron virales, volvió este miércoles a la actualidad al ser detenida por supuestamente incumplir la cuarentena en Bolivia, entre denuncias de que el arresto es una represalia política.
Arce fue agredida en noviembre pasado durante el conflicto político y social que entonces atravesaba Bolivia, por una multitud que la arrastró descalza, le cortó el pelo y la roció con pintura roja hasta que fue rescatada por la Policía, en unas escenas que se hicieron virales incluso fuera del país.
La alcaldesa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, fue arrestada anoche junto a sus hijos y varias personas más acusada de celebrar una fiesta en la que hubo alcohol, algo prohibido por la cuarentena que rige en el país por el coronavirus.
El MAS difundió en redes sociales un video en el que Arce asegura que dio negativo en la prueba de alcoholemia, mientras se emociona al denunciar que fue llevada a una celda policial junto a cuatro de sus hijos, en tanto que el otro fue llevado a un centro de menores.
"Indignante" y "penoso", calificó su detención en el video desde la celda, en lo que consideró un "acto político" propio de una dictadura.
Morales denunció en Twitter que ella y sus hijos "fueron sacados anoche de su casa por policías armados y llevados a prisión", en lo que señaló como una "grave violación" de derechos humanos en una "Bolivia en Estado de excepción ilegal en cuarentena".
El expresidente pidió en su mensaje que actúen Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que en diciembre pasado otorgó a la alcaldesa y sus hijos medidas cautelares al considerar que tienen amenazados sus derechos.
Arce es candidata a senadora por el MAS en los comicios aún sin fecha en Bolivia, ya que fueron aplazados por el estado de emergencia sanitaria declarado en el país por el COVID-19.
Este partido denuncia que el Gobierno interino utiliza las restricciones que incluye esta emergencia para perseguir a rivales políticos, algo que advierten entidades internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En tanto el Ejecutivo transitorio acusa al MAS de instigar protestas en su contra con el pretexto de que la cuarentena perjudica a sectores sociales afines a esta formación.