El Gobierno británico afirma que sigue "comprometido" con su plan de enviar a migrantes a Ruanda

LONDRES (EFE).- El Gobierno del Reino Unido sigue "plenamente comprometido" con su plan de enviar a migrantes a Ruanda, a pesar de que ha sido declarado ilegal este jueves por la Justicia británica, ha dicho la ministra del Interior, Suella Braverman.

"El pueblo británico quiere detener la llegada de botes (con potenciales refugiados) y este Gobierno también. Eso es lo que estoy decidida a cumplir y no daré un paso atrás", ha afirmado en un comunicado.

"La Corte de Apelación ha dejado claro que la política de reubicar a los solicitantes de asilo a un tercer país seguro para el procesamiento de sus solicitudes es acorde a la Convención de Refugiados", señala la política conservadora.

Considera no obstante "una decepción" la parte del fallo que desautoriza su estrategia al juzgar que el sistema de asilo ruandés presenta deficiencias que no garantizan el respeto de los derechos de los candidatos.

En este sentido, anuncia, como ya hizo previamente el primer ministro, Rishi Sunak, que pedirá permiso a los tribunales para elevar un recurso ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica.

El Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías ilegales a territorio británico, cuyas solicitudes de asilo se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país.

A cambio, el Reino Unido ha facilitado 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo de Ruanda y se hará cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.

El pasado martes, el Gobierno de Sunak admitió que el coste de embarcar a esas personas se estima en unas 169,000 libras (195,000 euros) por cabeza, más de lo que, según cálculos de la oposición, cuesta actualmente tramitar sus solicitudes aquí.

El primer vuelo con inmigrantes con destino al país africano fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo conservador.