AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Empleados del mayor proveedor de alojamiento en Estados Unidos para niños migrantes que viajaron sin compañía de un familiar adulto abusaron y acosaron sexualmente de los menores a su cargo en repetidas ocasiones durante al menos ocho años, afirmó el Departamento de Justicia el jueves, enumerando una larga y sorprendente serie de delitos que ocurrieron mientras la compañía acumulaba miles de millones de dólares en contratos con el gobierno.
Los empleados de Southwest Key Programs Inc., incluidos supervisores, violaron, toquetearon o solicitaron sexo e imágenes de desnudos a los menores bajo su cuidado desde al menos 2015, alegó el departamento en una demanda presentada esta semana. Por lo menos dos empleados han sido indiciados con cargos penales relacionados con las acusaciones desde 2020.
De momento se desconoce cuántos niños se encuentran actualmente bajo el cuidado de la amplia red de albergues de Southwest Key, la cual se extiende por tres estados y tiene capacidad para más de 6.300 menores. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico con preguntas sobre si había recomendado a las autoridades federales retirar a los niños de estos albergues o poner fin a los contratos del gobierno con esa organización sin fines de lucro.
"En algunos casos, empleados de Southwest Key amenazaron a los menores para que mantuvieran su silencio", se afirma en la demanda. "Al acosar a estos niños, estos empleados de Southwest Key se aprovecharon de las vulnerabilidades, barreras del idioma y la distancia entre estos niños y sus familiares y seres queridos".
En un comunicado, Southwest Key indicó que se encuentra en proceso de revisar la denuncia y cuestionó la representación que se hace del cuidado que brinda a los niños.
Southwest Key, con sede en Austin, es el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados y opera bajo subvenciones otorgadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés). Cuenta con 29 albergues para niños migrantes: 17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California. El albergue más grande del grupo se encuentra en Brownsville —en las instalaciones de lo que solía ser un Walmart— y tiene capacidad para 1.200 personas.
La empresa ha sido un importante, pero de alguna forma discreto, actor en la respuesta gubernamental a la llegada en años recientes de cientos de miles de niños migrantes que viajaban sin compañía de un adulto y en la separación de miles de familias en 2017 y 2018 durante el gobierno del presidente Donald Trump. Washington le otorgó al proveedor contratos con un valor superior a los 3.000 millones de dólares entre 2015 y 2023.
La Patrulla Fronteriza debe transferir la custodia de menores sin compañía de un adulto dentro las primeras 72 horas después de su detención al HHS, el cual pone a la mayoría de los niños al cuidado de sus padres o familiares cercanos después de una breve estadía en Southwest Key o en albergues operados por otros contratistas.
El HHS informó que, al 17 de junio, había 6.228 niños en todas sus instalaciones contratadas, de acuerdo con los datos más recientes en su sitio web, el cual no desglosa las cifras por centro de acogida o proveedor. La agencia se negó a decir cuántos niños estaban actualmente bajo el cuidado de Southwest Key o si el departamento sigue asignando niños a su cuidado.
La demanda, presentada el miércoles en Austin, proporcionó extensos detalles de algunos de los presuntos abusos, señalando que desde 2015 las autoridades recibieron más de 100 informes de abuso o acoso sexual en los albergues del proveedor.
Entre las acusaciones detalladas en la demanda se incluyen: Un empleado "abusó sexualmente en repetidas ocasiones" de tres niñas de 5, 8 y 11 años en el albergue Casa Franklin de El Paso, Texas. La niña de 8 años declaró a los investigadores que el trabajador "entraba repetidamente en sus dormitorios a mitad de la noche para tocar su ´zona íntima´, y las amenazaba con matar a sus familiares si revelaban los abusos".
La demanda también afirma que un empleado del albergue del proveedor en Tucson, Arizona, llevó a un niño de 11 años a un hotel y le pagó para que realizara actos sexuales durante varios días en 2020.
Los niños eran amenazados con violencia contra ellos o sus familiares si denunciaban los abusos, según la demanda. La querella añade que los testimonios de las víctimas revelan que, en algunos casos, el personal sabía de los abusos y no los denunciaba o los ocultaba.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dijo el jueves que la denuncia "plantea serias preocupaciones sobre los patrones o las prácticas" de Southwest Key. "El HHS tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de abuso sexual, acoso sexual, comportamiento sexual inapropiado y discriminación", dijo en un comunicado.
La portavoz de Southwest Anais Biera Miracle indicó el jueves que el proveedor sigue revisando la demanda, la cual —dijo— "no presenta un panorama preciso de la atención y el compromiso que nuestros empleados brindan a los niños y jóvenes".
Texas, al igual que Florida, retiró permisos a las instalaciones que albergan a niños migrantes en 2021 en respuesta a una oleada sin precedentes de cruces de la frontera sur de Estados Unidos, creando lo que algunos críticos califican como un vacío en las labores de supervisión.
La demanda se presentó menos de tres semanas después de que un juez federal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la supervisión judicial especial sobre el cuidado de los niños migrantes no acompañados por parte del HHS. El gobierno del presidente Joe Biden argumentó que las nuevas normas de seguridad para la custodia de niños migrantes hacían innecesaria la supervisión judicial especial, la cual se implementó por primera vez hace 27 años.
La supervisión especial judicial continúa vigente en el Departamento de Seguridad Nacional, el cual incluye a la Patrulla Fronteriza.
Leecia Welch, abogada de niños migrantes sin compañía de un adulto en el caso de supervisión especial, afirmó que las acusaciones en contra de Southwest Key son "completamente repugnantes" y culpó al retiro de permisos por parte de Texas por lo que describió como "un barril de pólvora a punto de explotar".
"Si bien aplaudo los intentos por enmendar los dolorosos agravios que han experimentado estos niños, espero que el gobierno federal también asuma parte de la responsabilidad por su papel", dijo Welch, subdirectora jurídica de Children's Rights.
Neha Desai, otra abogada involucrada con el caso, se refirió a las acusaciones como "sumamente perturbadoras e impactantes".
"Espero que el gobierno tome las medidas más agresivas que sean posibles para garantizar que los niños que se encuentran actualmente en las instalaciones de Southwest Key estén a salvo", declaró Desai, directora de inmigración en el National Center for Youth Law.
La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del fiscal general de Texas, Ken Paxton, no respondieron de momento a correos electrónicos de The Associated Press para solicitarles comentarios. Las fiscalías en Arizona y California se negaron a comentar sobre el litigio.
Southwest creció a medida que los niños sin compañía de adultos comenzaron a cruzar la frontera en grandes números en 2014, rebasando la capacidad de las autoridades federales.
La compañía se encontró a sí misma en medio de las polémicas en materia migratoria y ha mantenido firmemente que su misión era la de brindar atención de calidad a los niños. Sus instalaciones llevan el nombre de "casas".
"Un día normal para los niños en una casa de Southwest consiste de desayuno, clases, almuerzo, cena, tarea, bocadillos y a la cama", dijo el Departamento de Justicia en su denuncia.