Millones de trabajadores de España paralizaron el miércoles negocios y sistemas de transporte público en todo el territorio de la cuarta economía más grande de la eurozona, antes de que miles de personas salieran a las calles de las principales ciudades del país para formar parte de una protesta contra el vertiginoso aumento de los alquileres y los precios inmobiliarios.
Defensores de los derechos a la vivienda esperan que la enorme demostración de fuerza conduzca a nuevas regulaciones para proteger a los inquilinos y a una ofensiva contra la especulación inmobiliaria, mientras que el gobierno español busca movilizar a los votantes antes de las elecciones nacionales que se celebrarán a finales de este mes, en momentos en que las encuestas no indican el mejor panorama.
La huelga —con su lema oficial "Salarios. Vivienda. Precios."— fue la primera de su tipo en España en 14 años, y la primera cuyo principal impulso nació del malestar por la situación de la vivienda.
La huelga culminó con la reunión de trabajadores y ciudadanos en el centro de Barcelona y Madrid, así como con protestas en otras ciudades. Los activistas aseguraron que 400.000 manifestantes marcharon por las calles de Barcelona, mientras que el gobierno municipal informó que 55.000 inconformes se manifestaron detrás de una enorme pancarta que decía "Vivir. No sólo sobrevivir".
Funcionarios del gobierno español estimaron que 120.000 personas se manifestaron en Madrid a pesar de las lluvias torrenciales.
Al concluir la marcha pacífica en Barcelona, algunos manifestantes aparentemente más jóvenes comenzaron a romper vitrinas en algunas tiendas de lujo en el Paseo de Gracia, un importante bulevar comercial. Prendieron fuego frente algunos de los comercios, quemaron contenedores y lanzaron petardos contra la policía, que llegó con equipo antidisturbios y furgones blindados.
Un grupo de personas con los rostros cubiertos intentaron irrumpir en una tienda Apple en Barcelona.
A lo largo del día, el metro y los autobuses públicos de Barcelona dejaron de dar servicio fuera de las horas pico. Había poco tráfico en las calles. Sin embargo, muchos establecimientos más pequeños, como cafeterías, sí abrieron.
Carlos Ferrer, un trabajador de atención al cliente de 45 años que intentaba volver en tren a su casa en Alicante desde Barcelona, dijo que a veces sólo las medidas radicales, como una huelga general, pueden forzar un cambio de rumbo.
"Las autoridades necesitan sentir presión de los ciudadanos para hacer algo", dijo.
Manifestantes marchan en Madrid, desafían la lluvia y el gas pimienta
Al caer la tarde en la capital de España, la avenida del Paseo del Prado se convirtió en un mar de paraguas mientras una enorme multitud se manifestaba bajo una lluvia constante.
Almudena López, de 74 años, y su esposo asistieron a la protesta del miércoles en Madrid pensando en sus hijos.
"Estamos aquí porque mi hijo tiene 43 años y todavía no tiene una casa porque no se le puede pagar", dijo López. Explicó que su hijo, quien trabaja en el sector tecnológico, se ve obligado a alquilar una pequeña habitación en un apartamento compartido.
"En mi época, cuando yo era joven, si tu tenías una carrera universitaria, tenías trabajo y ahorrando un poco, siempre ha sido haciendo un sacrificio. Pero ni con comparación a ahora", añadió.
Aunque la huelga fue organizada por dos de los principales sindicatos convencionales del país, también contó con el liderazgo de un grupo de activistas de base, compuesto en su mayoría por gente más joven que ha resentido los impactos de la situación inmobiliaria en carne propia.
"Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal que se lucran a nuestra costa con la de las inmobiliarias y por supuesto, también contra los gobiernos. Contra todos los gobiernos", subrayó la activista por la vivienda Valeria Racu.
Los sindicatos califican la huelga de un éxito
Los sindicatos aseguraron que la huelga fue un éxito, mientras las organizaciones de empresarios le restaron importancia.
"La huelga supera las expectativas de las organizaciones sindicales", indicó Unai Sordo, secretario general de CCOO, uno de los dos sindicatos que convocan la huelga en un país con 22 millones de trabajadores registrados.
CCOO y UGT, el otro sindicato que convocó a la huelga, informaron de importantes paros en sectores estratégicos. Dijeron que los paros ascendieron al 90% en los sectores de automoción y portuario, un 85% en la industria cárnica, un 82% en la recogida de residuos y un 75% en el sector energético. Muchas escuelas y universidades cerraron.
La principal organización empresarial, la CEOE, sin embargo, calificó la huelga de un fracaso, diciendo que la participación general solo alcanzó el 5%.
Pero coincidieron en que la participación de los trabajadores fue más notable en la industria pesada y el transporte, mientras que se quedó rezagada en otros sectores de la economía como el comercio minorista y los restaurantes.
Se cancelaron alrededor del 5% de los vuelos en los aeropuertos del país el miércoles, según el operador aeroportuario nacional, AENA.
En las primeras horas se reportaron incidentes menores. Los sindicatos reportaron forcejeos con la policía cerca del principal mercado mayorista del país, en las afueras de Madrid. La policía también utilizó gas pimienta contra los huelguistas en algunos lugares.
La policía informó que ya había realizado 49 detenciones en todo el país por incidentes relacionados con la huelga.
Trabajadores y activistas quieren más acción del gobierno
El alquiler promedio en España prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años, lo que ha mermado los presupuestos de los hogares y ha enfurecido a los votantes.
La indignación pública por la vivienda llegó a un punto de ebullición tras el desalojo transmitido por televisión nacional de una mujer de 87 años de su casa en Madrid el mes pasado. La muerte posterior de Maricarmen, como se conocía a la mujer, la consolidó como símbolo de los españoles que ni siquiera pueden soñar con ser propietarios.
Los activistas por la vivienda aprovecharon el revuelo por el desalojo de Maricarmen para convocar a la huelga general. Pronto lograron el respaldo de los sindicatos.
Los activistas por la vivienda reclaman las renovaciones automáticas de los contratos de alquiler como forma de proteger a los inquilinos y otras medidas. Los sindicatos exigen más vivienda pública y un nuevo acuerdo de salario mínimo.
La izquierda española espera volver a poner el foco en la vivienda
A raíz de las protestas por la vivienda, el presidente Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas, con la esperanza de lograr cuatro años más en el poder para su coalición de izquierda. La votación está prevista para el 29 de noviembre.
Pero a finales de octubre se produjo un choque entre dos trenes de alta velocidad —el segundo desastre ferroviario de esta magnitud en España en lo que va del año—, en el cual murieron 69 personas. Las secuelas de la tragedia han supuesto un lastre para la campaña de Sánchez.
La huelga ahora ofrece una oportunidad muy necesaria para los socialistas de Sánchez y los otros partidos de la izquierda que buscan seguir en el poder, dijo el analista Oriol Bartomeus.
"Lo que el PSOE necesita más allá que sea un éxito es que no haya disturbios y que sirva para volver a poner las elecciones otra vez en el marco de la vivienda", indicó a The Associated Press Bartomeus, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sánchez mantuvo un perfil bajo el miércoles. Esta semana publicó un video en X en el que elogió políticas sociales anteriores como la semana laboral de 40 horas y el seguro nacional de salud, que fueron fruto del movimiento obrero.
"No fue fácil, pero cambiaron España", afirmó Sánchez, al tiempo que advirtió que los partidos de derecha traerían servicios sociales infradotados si tomaban el poder.
El PP y Vox, de extrema derecha, sostienen que los sindicatos intentan ayudar a Sánchez.
"Desde luego, es el pago de los sindicatos... a sus respectivos partidos en una precampaña donde parece ser que la izquierda está muy necesitada de apoyos", dijo el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado.