Al menos 11 personas fueron ejecutadas este lunes en Irak tras ser condenadas por cargos de terrorismo y de pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico (EI), apenas dos semanas después de que otras 13 personas fueran ahorcadas en medio de un repunte de la aplicación de la pena de muerte en el país árabe.
Una fuente de la Policía de la provincia de Di Qar, en el sur de Irak, dijo a EFE en condición de anonimato que las ejecuciones fueron realizadas en la infame Prisión Central de Nasiriya, donde se aplican gran parte de las condenas a pena de muerte en Irak, país que en todo 2022 ejecutó a un total de 11 personas, según Amnistía Internacional.
El informante añadió que los ejecutados fueron sentenciados por cargos de terrorismo y pertenencia al EI, mientras que indicó que la pena fue aplicada tras la emisión de un decreto presidencial requerido para este tipo de medidas.
Esta nueva ejecución masiva tiene lugar después de que el pasado 22 de abril Amnistía Internacional denunciara que 13 personas fueron ahorcadas tras ser declaradas culpables de cargos de terrorismo "demasiado amplios y vagos" y tras un proceso judicial con "una alarmante falta de transparencia".
Amnistía manifestó entonces su preocupación de que "muchas más personas hayan sido ejecutadas en secreto en medio de una inquietante falta de transparencia respecto a las ejecuciones en Irak en los últimos meses".
Asimismo, recordó que medios locales informaron el 25 de diciembre de 2023 sobre las ejecuciones de 13 hombres, en lo que fue la primera ejecución masiva registrada en el país desde noviembre de 2020.
Según la ONG, más de 8.000 presos están condenados a pena capital en la actualidad, mientras que unas 150 personas corren "riesgo inminente" de ser ejecutadas después de que el presidente de Irak Abdellatif Rashid, ratificara sus condenas, un requisito indispensable para que éstas se lleven a cabo.
Las ejecuciones en Irak se llevan a cabo por ahorcamiento, pero muchas de las sentencias a pena de muerte emitidas por tribunales iraquíes no llegan a ser aplicadas al requerir de un largo proceso administrativo y la ratificación del presidente, algunos de los cuales eran conocidos por ser objetores de conciencia. EFE sy-ar-cgs/ad.