WASHINGTON (AP) — Más de una veintena de estados presentaron el jueves una demanda contra los nuevos aranceles que impuso el presidente Donald Trump después que la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles anteriores.
Estados demandan aranceles Trump bajo Sección 122
Los fiscales generales y gobernadores demócratas que encabezan la demanda sostienen que Trump está excediendo sus atribuciones al decretar aranceles del 15% sobre gran parte del mundo.
Trump ha afirmado que los aranceles son esenciales para reducir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. Impuso los gravámenes en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 después de que la Corte Suprema anuló los aranceles que impuso el año pasado bajo una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca se ha invocado, permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%. Están limitados a cinco meses a menos que el Congreso los prorrogue.
La demanda está encabezada por fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.
"El enfoque en este momento debería estar en devolverle el dinero a la gente, no en doblar las apuestas con aranceles ilegales", declaró el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield. Por otro lado, un juez determinó el miércoles que las empresas que pagaron aranceles bajo el marco anterior de Trump deberían recibir reembolsos.
Casa Blanca defiende aranceles Trump y responde a demanda
La Casa Blanca alegó que Trump está actuando dentro de sus atribuciones. "El presidente está usando su autoridad otorgada por el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y para lidiar con los grandes y graves déficits de balanza de pagos de nuestro país", sostuvo el portavoz Kush Desai. "El gobierno defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales".
La nueva demanda argumenta que Trump no puede recurrir a la Sección 122 porque estaba destinada a usarse sólo en circunstancias específicas y limitadas —no para impuestos generalizados a las importaciones—. También sostiene que los aranceles elevarán los costos para los estados, las empresas y los consumidores.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, señaló un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluyó que los ciudadanos de a pie asumen en gran medida el costo de los aranceles, que se ha estimado en 1.200 dólares al año por hogar. "Ese es dinero que sale de los bolsillos de las familias estadounidenses que intentan comprar alimentos, pagar el alquiler y mantener a flote sus pequeñas empresas", señaló Mayes.
Muchos de esos estados también demandaron con éxito por los aranceles de Trump impuestos bajo una ley distinta: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Trump invocó la Sección 122 cuatro días después de que la Corte Suprema anulara sus amplios aranceles bajo la IEEPA el 20 de febrero, para imponer aranceles del 10% a los bienes extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a CNBC el miércoles que el gobierno elevaría los gravámenes al límite del 15% esta semana.
Los estados con gobiernos demócratas y otros críticos señalan que el presidente no puede usar la Sección 122 como sustituto de los aranceles ya invalidados para combatir el déficit comercial.
La disposición de la Sección 122 permite aranceles para contrarrestar "problemas fundamentales de pagos internacionales". La cuestión es si esa redacción abarca los déficits comerciales, la brecha entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra.
La Sección 122 surgió a partir de las crisis financieras de las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Otros países se deshacían de dólares a cambio de oro a una tasa fija, lo que generaba el riesgo de un colapso de la moneda de Estados Unidos y de caos en los mercados financieros. Pero el dólar ya no está ligado al oro, por lo que los críticos sostienen que la Sección 122 está obsoleta.
Paradójicamente, el propio Departamento de Justicia de Trump argumentó en un escrito judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 "no tenía ninguna aplicación evidente" para combatir los déficits comerciales, que calificó como "conceptualmente distintos" de los problemas de balanza de pagos.
Aun así, algunos analistas jurídicos dicen que el gobierno de Trump tiene un argumento más sólido esta vez.
"La realidad jurídica es que es probable que los tribunales otorguen al presidente Trump una deferencia sustancialmente mayor respecto de la Sección 122 de la que le otorgaron a sus aranceles anteriores bajo la IEEPA", escribió Peter Harrell, investigador visitante del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, en un comentario el miércoles.
La Corte de Comercio Internacional en Nueva York, que conocerá la demanda de los estados, escribió el año pasado en su propia decisión —en la que anuló los aranceles por poderes de emergencia— que Trump no los necesitaba porque la Sección 122 estaba disponible para combatir los déficits comerciales.
Trump sí cuenta con otras facultades legales que puede usar para imponer aranceles, y algunas ya han superado pruebas en los tribunales. Los gravámenes que Trump impuso a las importaciones chinas durante su primer mandato en virtud de la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 siguen vigentes.
También se sumaron a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.