YAUNDÉ, Camerún (AP) — Estados Unidos deportó el lunes a Camerún a un nuevo grupo de ciudadanos de terceros países, informaron abogados a The Associated Press, días después de que saliera a la luz que el gobierno del presidente Donald Trump envió en secreto a nueve personas a la nación centroafricana el mes pasado como parte de su programa sigiloso para expulsar a inmigrantes a países con los que no tienen vínculos.
La abogada Alma David, del Novo Legal Group —un bufete especializado en inmigración con sede en Estados Unidos—, indicó que un grupo de migrantes que no eran ciudadanos cameruneses llegó en un vuelo de deportación que aterrizó el lunes en la capital Yaundé.
David y el abogado Joseph Awah Fru, que radica en Camerún, dijeron creer que en el avión había ocho ciudadanos de terceros países, pero que aún no habían hablado con ellos. Ambos abogados explicaron que están brindando asesoría jurídica a algunos de los nueve migrantes —cinco mujeres y cuatro hombres— de otros países africanos que fueron deportados desde Estados Unidos a Camerún el mes pasado.
Los abogados también esperaban ofrecer orientación al nuevo grupo de deportados, agregaron.
"Por ahora estoy enfocado en manejar su conmoción", manifestó Fru.
Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto y habló a condición de guardar el anonimato, reconoció el segundo vuelo de deportación a Camerún, pero no dio detalles.
The New York Times informó primero el sábado sobre el grupo de nueve enviado en secreto a Camerún el mes pasado. Desde entonces, dos de ellos han sido repatriados a sus países de origen, señaló David.
La mayoría de los deportados tenía órdenes de protección
David indicó que ocho de esos nueve migrantes deportados previamente tenían órdenes de protección otorgadas por un juez de inmigración de Estados Unidos, las cuales impedían que fueran deportados a sus países de origen por temor a que padecieran persecución o tortura; algunos por su orientación sexual, y otros por actividad política.
Deportarlos a un tercer país como Camerún, desde donde en última instancia podrían ser enviados a casa, fue en la práctica un "vacío legal", sostuvo David.
"Por eso Estados Unidos no los envió directamente a sus países", comentó Fru. "Porque hay motivos para preocuparse de que podrían sufrir daños, de que sus vidas estén amenazadas".
David dijo que ninguno de los nueve enviados a Camerún el mes pasado —entre ellos migrantes de Zimbabue, Marruecos y Ghana— tenía antecedentes penales, salvo infracciones relacionadas con la conducción. Aún no tenía detalles sobre los ocho que llegaron el lunes.
Acuerdos y pagos a países africanos por deportaciones
Camerún, donde el presidente Paul Biya, de 93 años, gobierna desde 1982, es el más reciente de al menos siete países africanos en recibir a ciudadanos de terceros países deportados en un acuerdo con Estados Unidos. Otros que han alcanzado acuerdos con el gobierno de Trump incluyen Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Esuatini, Ghana y Guinea Ecuatorial.
Algunos de ellos han recibido millones de dólares en pagos por aceptar a migrantes deportados, según documentos publicados por el Departamento de Estado estadounidense. Los detalles de algunos de los otros acuerdos, incluido el de Camerún, no han sido divulgados por Washington.
El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países distintos de los suyos en África, Centroamérica y otros lugares, según un informe elaborado por personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y publicado la semana pasada.
De acuerdo con documentos internos del gobierno revisados por la AP, hay 47 acuerdos con terceros países en distintas etapas de negociación. De ellos, 15 han sido concretados y 10 están en o cerca de concretarse.
Las políticas migratorias son una "prioridad máxima"
En una declaración a la AP sobre las deportaciones a Camerún, el Departamento de Estado estadounidense indicó el lunes que "no tiene comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos".
"Implementar las políticas migratorias del gobierno de Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado", indicó, y añadió: "mantenemos inquebrantable nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Camerún no respondió a una solicitud de comentarios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que hubo deportaciones a Camerún en enero, pero no dio información específica sobre migrantes de terceros países. No comentó sobre el segundo avión.
"Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un extranjero en situación ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a expulsarlo. Punto", enfatizó el departamento. "Estos acuerdos con terceros países, que garantizan el debido proceso de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, son esenciales para la seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense".
El gobierno de Trump ha utilizado acuerdos de deportación a terceros países como elemento disuasorio para obligar a migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal a que se vayan por su cuenta, al advertir que podrían terminar "en cualquiera de varios terceros países" si son deportados.
Además ha dicho que la práctica forma parte de una ofensiva para expulsar a quienes dice son delincuentes peligrosos y miembros de pandillas.
Activistas y abogados sostienen que Estados Unidos debería saber que enviar migrantes a terceros países que tienen malos historiales en el respeto a los derechos humanos implica el riesgo de que se les niegue el debido proceso y queden expuestos a abusos.
El año pasado, Washington deportó a cinco ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos a Esuatini, una nación del sur de África. Todos los deportados habían sido declarados culpables de delitos graves, incluidos asesinato, intento de asesinato y violación. Todos habían cumplido sus condenas penales en Estados Unidos.
Cuatro de ellos han estado recluidos en una prisión de máxima seguridad en Esuatini durante más de seis meses, sin cargos, y no se les ha permitido reunirse en persona con un abogado. Sus detenciones son objeto de dos impugnaciones jurídicas en Esuatini.
Esuatini, que está gobernado por un rey y es la última monarquía absoluta de África, recibirá 5,1 millones de dólares para aceptar hasta 160 deportados de terceros países, según los detalles del acuerdo divulgados por el Departamento de Estado. Desde hace tiempo, el rey de Esuatini, Mswati III, ha sido acusado de reprimir las protestas prodemocracia en un país en el que los partidos políticos están prohibidos, mientras utiliza dinero público para financiar su lujoso estilo de vida.