Buenos Aires, Arg.- En un abierto desafío al presidente Javier Milei, referentes de las universidades públicas argentinas se movilizaron el jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país en reclamo de que cumpla una ley que garantiza fondos estatales para actualizar los salarios de los docentes y asegurar el funcionamiento de las casas de estudio.
En la capital, la quinta marcha en defensa de la educación pública que confluyó frente al Congreso terminó con violentos enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas federales que los dispersaron con gases lacrimógenos, así como con camiones hidrantes.
La manifestación se produjo en un clima de creciente descontento con las políticas de ajuste de Javier Milei y luego de que en los días previos se sucedieran cortes de calles por parte de estudiantes que celebraron clases públicas y de que un juez impusiera una multa al Ejecutivo por incumplir una medida cautelar que lo obliga a acatar la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobierno argentino se resiste a la aplicación de esa norma aprobada por el parlamento en 2024 argumentando que rompe el equilibrio fiscal.
“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene. Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina”, alertó en un comunicado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno de los convocantes a la protesta.
El (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) —una de las de mayor prestigio en América Latina— afirman que el sistema universitario acarrea una caída de recursos de más de 40% desde el año de 2023, lo cual ha provocado un severo deterioro del poder adquisitivo de los salarios de docentes y becas a estudiantes, en la investigación científica y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
La movilización universitaria, que contó con la adhesión de organizaciones sociales y sindicatos que también reclamaban fondos para la salud pública y los discapacitados, transcurría en calma hasta que un grupo de manifestantes con los rostros cubiertos y sin indentificación partidaria comenzó a arrojar piedras contra la policía que custodiaba el Congreso.