De enero a marzo pasados, el ICE entregó a estos negocios notificaciones de auditorias, como parte de una acción en dos fases para confirmar si cumplen con las leyes, en particular las relacionadas al estatus migratorio de sus trabajadores.
“Este no es un crimen sin víctimas. Los trabajadores no autorizados usan con frecuencia identidades robadas de trabajadores estadunidenses legales, y pueden afectar los antecedentes de crédito, de salud y otros aspectos de las víctimas”, explicó.
De acuerdo con el ICE, durante la primera etapa de este operativo, fueron auditados dos mil 450 negocios y se lograron 61 arrestos, en tanto que en la segunda, conducida la semana pasada, se auditaron dos mil 738 establecimientos y se realizaron 32 arrestos.
Actualmente el gobierno federal libra una batalla legal con el estado de California, donde una ley impide a los empleadores cooperar con las autoridades federales en la conducción de estas auditorias, aún si este desea hacerlo de manera voluntaria.
A principios de este mes, una Corte de Distrito emitió una suspensión temporal de la porción de la ley AB 450 que impone esta prohibición, en respuesta a la demanda presentada en marzo por el Departamento de Justicia, acusando a California de interferir con tareas del gobierno federal.