BOGOTÁ (AP) — Un tribunal colombiano condenó a 40 años de prisión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por crímenes cometidos contra comunidades indígenas del norte del país entre 2002 y 2006, con la alternativa de que su pena sea reducida a ocho años en caso de que acate compromisos de verdad y reparación, informó el lunes la fiscalía.
La nueva sentencia condenatoria llega luego de que Mancuso recuperase su libertad en el 2024, tras purgar más de 15 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y algunos meses de prisión en Colombia por delitos asociados al conflicto armado interno, luego de que fuera deportado.
Mancuso ha sido acusado de miles de delitos, la mayoría cometidos cuando comandaba las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como desplazamientos, homicidios, crímenes de guerra y de violencia de género. Sin embargo, en Colombia ha sido cobijado por la "Ley de Justicia y Paz", creada en 2005 para cumplir con un acuerdo de paz entre el gobierno y los paramilitares comandados por Mancuso.
La nueva condena fue proferida por un tribunal de Justicia y Paz al concluir que paramilitares a su mando perpetraron "homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006" contra indígenas Wayúu y otras comunidades que habitan en La Guajira.
Según la fiscalía, la condena condiciona la pena que finalmente recibirá a que Mancuso siga el "compromiso de atender las obligaciones" que tiene con la justicia especial para exparamilitares. Tras ser deportado de Estados Unidos, el exparamilitar alegó en su defensa que ya cumplió más de los ocho años de prisión pactados cuando negociaron la paz con el Estado en las cárceles colombianas y estadounidenses.
"Deberá reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles", indicó la sentencia.
Actualmente, Mancuso cumple el rol de "gestor de paz", una figura que permite que acompañe acercamientos de paz con grupos armados ilegales, incluyendo los de herencia paramilitar como el Clan del Golfo, el mayor cártel activo del país.
La designación como gestor fue realizada directamente por el presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en Colombia, quien adelanta una política llamada "paz total" que pretende acuerdos negociados con armados.
Petro cuestionó el lunes la voluntad de paz del Clan del Golfo al denunciar que están obstaculizando la entrega de tierras que los paramilitares quitaron a los campesinos. "Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado", indicó el mandatario en la red social X.