BEIRUT (AP) — Hace cuatro años, Helen Ata recibió la llamada de un desconocido, diciéndole que una gran explosión en el puerto de Beirut provocó el derrumbe de su edificio. Sus hermanos habían quedado atrapados bajo los escombros.
Uno de ellos, Issam, sobrevivió, pero quedó con una discapacidad permanente en la pierna derecha. Su hermano gemelo, Abdo, a quien ella llamaba su “otra mitad”, falleció.
“Nunca volveremos a sentirnos seguros”, dijo a The Associated Press, sentada junto a un retrato de Abdo.
El aniversario de la explosión en el puerto, que se conmemora el domingo, se produce en un momento en que la región se prepara para las represalias después de que un ataque israelí provocara la muerte de un comandante de alto rango de Hezbollah en Beirut y de la explosión en Teherán, de la que muchos culpan a Israel, que mató al líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Para muchas personas, el temor de una nueva escalada surge mientras las heridas de la explosión, ocurrida hace cuatro años, siguen abiertas
El 4 de agosto de 2020, cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaron en un almacén del puerto de Beirut. La gigantesca explosión sacudió la capital libanesa, provocando la muerte de al menos 218 personas, según un recuento de la AP, lesionando a 6.000 más, y devastando amplias zonas de Beirut, provocando daños por miles de millones de dólares.
La explosión sorprendió a la nación, y la pesquisa de un juez investigador inconforme sobre el incidente sacudió a la élite gobernante del país, en el que abunda la corrupción y los malos manejos. Sin embargo, años de obstrucciones por parte de funcionarios de alto nivel para eludir la rendición de cuentas y hacer que la indagación se estanque han obstaculizado las esperanzas de obtener justicia
“Cuatro años después, no hay ni un solo detenido”, dijo Ata. “Existe un crimen y hay acusados, pero no hay criminales”.
El juez Tarek Bitar es el segundo que dirige la indagación sobre la explosión en el puerto. Ha acusado a más de una docena de funcionarios políticos, de seguridad y portuarios de alto nivel. La mayoría de las familias de las víctimas que clama justicia lo han respaldado, pero desde el inicio de la investigación, los altos funcionarios se han rehusado repetidamente a comparecer para responder preguntas.
Karim Nammour, abogado del grupo de vigilancia libanés, Legal Agenda, dijo que el caso ha estremecido a los funcionarios porque expuso los peligros de la “incompetencia criminal” con la que han dirigido al país durante décadas.
Los líderes políticos de Líbano han acusado a Bitar, sin presentar pruebas, de tener un sesgo en su investigación, y algunos incluso han exigido su destitución, al tiempo que han presentado demandas legales contra él, las cuales han hecho que la investigación se estanque durante años.
En un discurso reciente, el embajador de Australia en Líbano, Andrew Barnes, dijo que su país “tiene un particular y fuerte interés en ver una investigación plena y transparente sobre la explosión”, haciendo referencia a Isaac Oehlers, de 2 años de edad, que murió en la explosión. “No aceptaremos las muchas excusas sobre la imposibilidad de continuar con la investigación”.
Cuatro funcionarios judiciales dijeron a la AP que el principal fiscal del Líbano, Jamal Hajjar, y el juez principal, Suhail Abboud, se reunieron con Bitar varias veces este año para tratar de encontrar una forma de lograr un acuerdo, de conformidad con las leyes libanesas, para hacer que los funcionarios de alto nivel cooperen para acabar con el estancamiento.
Según los funcionarios, que hablaron con la condición de permanecer en el anonimato de conformidad con los reglamentos, Hajjar sugirió que el caso fuera manejado por distintos tribunales y jueces, limitando a Bitar a investigar a empleados portuarios de nivel medio y bajo. Bitar rechazó totalmente la idea y la consideró como una concesión ante la élite gobernante del país, e insistió en continuar su indagación, diciendo que estaba decidido a emitir una acusación para finales del año, a pesar de los obstáculos.
La indagación de Bitar ha sido obstaculizada de muchas formas.
En 2023, el entonces fiscal principal, Ghassan Oweidat, ordenó la liberación de 17 detenidos —entre ellos, funcionarios portuarios y de aduanas— que habían sido arrestados antes del juicio poco después de la explosión, en espera de los resultados de la investigación. Bitar y otros críticos calificaron la decisión como ilegal.
Este año, dos exministros acusados a quienes Bitar persiguió incansablemente y contra quienes emitió órdenes de aprehensión, Youssef Fenianos y el actual legislador, Ali Hassan Khalil, obtuvieron la suspensión de dichas órdenes de aprehensión mientras el caso seguía estancado, un hecho que el grupo defensor de los derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó como “otro clavo en el ataúd de la justicia”.
“A esto se debe también que el orden establecido y sus instituciones teman a la justicia y traten de impedir que Bitar maneje el caso”, señaló Nammour, de Legal Agenda. “Porque él persigue a funcionarios en una forma que no tiene precedentes en la historia del país”.
Varios grupos de derechos humanos han criticado con dureza al gobierno libanés por no cooperar con Bitar y han acusado al primero de obstaculizar la investigación y abusar de su autoridad. Mientras tanto, un creciente número de personas han apoyado una misión internacional de investigación ordenada por la ONU que, piensan, ayudará a Bitar y mantendrá la investigación en movimiento.
Países occidentales, principalmente aquellos que perdieron a connacionales en la explosión, se han sentido cada vez más frustrados con las autoridades libanesas mientras la indagación se ve obstaculizada. Un diplomático occidental, que habló con la condición de permanecer en el anonimato, de conformidad con los reglamentos, señaló que no existe una clara voluntad política para que la investigación siga en marcha.
Mirna Habboush y su pequeño hijo vieron cómo el almacén del puerto se incendiaba y explotaba, y milagrosamente sobrevivieron para relatarlo. Habboush perdió la visión del ojo derecho y sufrió heridas en los brazos y en la parte superior del cuerpo. Señala que lo único que pide es una investigación transparente y la presentación de una acusación por el bien de los sobrevivientes y las víctimas por igual.
“Tratan de hacer que olvidemos. Tratan de matarnos por segunda vez”, afirmó Habboush. “En un país como este, con este orden establecido, y con estas personas en el poder, desgraciadamente no llegaremos a ningún lado”.