La familia de la líder indígena hondureña Berta Cáceres demandará el próximo mes, en Holanda, al Banco del Desarrollo de ese país (FMO) por connivencia en el asesinato de la activista, ocurrido hace dos años en su residencia de La Esperanza, en el oeste de Honduras.
La denuncia está siendo conformada con apoyo de cinco abogados del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado a pedido de la familia Cáceres para investigar el episodio de manera independiente.
El FMO fue uno de los inversionistas en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que preveía la construcción de una presa sobre el río Guancarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca que vive en la región.
Miembro de esa comunidad, Cáceres recibió repetidas amenazas de muerte por su lucha en contra de las obras, actividad apuntada por la investigación independiente como el motivo de su asesinato.
Antes de morir, a los 44 años, la ambientalista había puesto más de 30 denuncias en el Ministerio Público e informado de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras un año de trabajo, el GAIPE asegura que la ejecución de Cáceres fue “deliberadamente planificada por DESA”, empresa hondureña responsable por las obras.
La conclusión se basa en entrevistas a testigos, imputados en el caso y autoridades, además del análisis de documentos en poder del Ministerio Público hondureño y más de 40 mil páginas de registros telefónicos y comunicaciones entre ejecutivos de DESA y del FMO.
A dos años del crimen, del que fue testigo el activista mexicano Gustavo Castro, herido en la ocasión, nueve personas han sido imputadas, entre ellas cuatro funcionarios de DESA.
El último de los imputados fue el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo Mejía, detenido en marzo pasado y señalado por la Fiscalía como el “encargado de proporcionar la logística y otros recursos” a los autores materiales del crimen.
Según Miguel Ángel Urbina, jurista guatemalteco miembro del GAIPE, el FMO “tenía conocimiento de los ataques contra Berta y contra el pueblo lenca y, no obstante, no tomó medidas, sino que siguió financiando a la empresa”.
“Por lo tanto, es corresponsable de la muerte de Berta”, ocurrida semanas antes de que ella viajase a Holanda para reunirse con directivos del banco, señaló Urbina en entrevista con Notimex.
Principal inversor del proyecto Agua Zarca, el FMO se comprometió con un aporte de 14 millones de dólares, aunque se retiró del proyecto tras haber otorgado la mitad del valor.
La familia Cáceres también apunta a la responsabilidad de los demás inversores en el proyecto.
El Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, que habría contribuido con siete millones de dólares, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que habría aportado otros 4.5 millones de dólares.
Mientras se finaliza la demanda, la hija de la activista, Berta Cáceres Zúñiga, ha viajado a Bruselas para volver a pedir que la Unión Europea haga presión sobre el gobierno hondureño con vistas a solucionar el caso de su madre.
“La justicia, en uno de los países con mayor impunidad del mundo como es Honduras, no va a llegar por voluntad de un Estado que criminalizó y persiguió a mi mamá”, lamentó.
“Los pocos avances que hubo en el caso fueron gracias a la presión internacional. Sabemos que si no mantenemos la presión internacional, el caso puede quedar en la impunidad parcial o total”, afirmó a Notimex.
La joven, de 27 años, asumió recientemente la coordinación general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado en 1993 por su madre.
El asesinato de Cáceres, ganadora en 2015 del prestigioso premio Ambiental Goldman, conocido como el “Nobel Verde”, causó conmoción en América Latina y puso en evidencia las amenazas que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Honduras.
Su hija incide en que la condena de los autores materiales del crimen no es lo suficiente.
“No queremos resultados porque sí, sino también acabar con la estructura que cometió su crimen, que continuó activa amenazando a parte de la comunidad que todavía se resiste a ese proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, dijo.
La activista se reunió ayer con el gabinete de la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, con diputados del Parlamento Europeo y con diplomáticos de diversos países.
En su gira por Europa, que concluirá el 31 de mayo, pasará después por Holanda, España, Luxemburgo y Alemania.