BERLÍN (EFE).- La fiscalía de Neuruppin (este de Alemania) investiga a activistas climáticos del grupo Última Generación por la sospecha de que este colectivo podría constituir una organización criminal, informaron hoy medios alemanes.
Los activistas, conocidos por sus controvertidas acciones de protesta, fueron los primeros en anunciar a través de su cuenta de Twitter que se habían producido registros en varios puntos del país.
"Hoy a las cinco de la mañana hubo 11 registros en nuestras viviendas. La acusación, 'constitución de una organización criminal'. Confiscaron aparatos electrónicos como portátiles y móviles, y también carteles", denunciaron.
"Mientras que el Estado vulnera nuestra Constitución al no proteger el clima, la policía registra las viviendas de aquellos que tratan de hacerlo público por todos los medios pacíficos", agregó la organización en un comunicado.
Los activistas acusaron a las autoridades de tratar de "intimidarles" y "acallarles" y denunciaron que la criminalización de la protesta y de la resistencia pacíficas constituye una amenaza para los principios democráticos.
Un portavoz de la fiscalía de Neuruppin confirmó en declaraciones a medios alemanes que los registros se han producido como parte de un proceso penal abierto contra los activistas por "interrumpir el funcionamiento de instalaciones públicas".
Última Generación ha tratado en varias ocasiones de paralizar el funcionamiento de la refinería PCK Schwedt, en el estado federado de Brandeburgo, que abastece de carburantes a buena parte del este de Alemania.
Así, los activistas han ocupado estaciones de bombeo de crudo en el oleoducto que suministra crudo a la refinería y en varias ocasiones han conseguido cerrar compuertas en conductos que conducen a la planta.
Varios integrantes del grupo han sido condenados hasta ahora al pago de multas por resistencia a la autoridad tras el corte de carreteras, pero la investigación de la fiscalía de Neuruppin supone un giro en la respuesta judicial a las acciones del colectivo.
Según establece el código penal, para que se cumpla el supuesto de la constitución de una organización criminal, penado con hasta cinco años de cárcel, es preciso que de la agrupación emane "un riesgo significativo para la seguridad pública".