Fiscalía General de Venezuela y citación a Edmundo González

Implicaciones de las elecciones en Venezuela y Edmundo González

CARACAS (AP) — La Fiscalía General venezolana anunció el lunes que por segunda ocasión citó a declarar al excandidato presidencial opositor Edmundo González por sus vínculos con una página de internet que contiene actas electorales según las cuales obtuvo significativamente más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

"Sírvase comparecer ante esta representación fiscal... el día 27 de agosto a las 10.00 horas a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho, relacionados con la publicación y mantenimiento" de la página denominada https://resultadosconvzla.com/, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración", dijo la Fiscalía en un escrito publicado en su cuenta en Instagram.

Los adversarios de Maduro publicaron en una plataforma digital las imágenes de 83,5% de las actas de las más de 30.000 mesas de votación que aseguran que favorecen a González, que obtuvo más de 7,3 millones de votos mientras Maduro alcanzó 3,3 millones.

La Fiscalía no mencionó si tuvo algún contacto con el excandidato presidencial, así como tampoco se refirió a que no se presentó a la primera convocatoria pautada para la mañana del lunes.

La nueva citación se produjo después de que el domingo el exdiplomático, de 74 años, cuestionó la citación a declarar argumentando que no cuenta con las garantías del debido proceso.

En un video publicado en la red social X, antes Twitter, González señaló que el fiscal general Tarek William Saab "se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado".

González aseveró que se pretende someterlo a una entrevista "sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".

"Rindo declaración ante ustedes que son los garantes de la soberanía popular", continuó González y, dirigiéndose a Maduro, dijo que la solución al conflicto postelectoral está en la verificación independiente y confiable de las actas de votación.

El fiscal general —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— llamó a declarar el lunes a González como parte de la investigación penal en la que se lo acusa de usurpar competencias del organismo electoral y publicar "presuntos documentos forjados o falsificados... causando la difusión de esta falsa información zozobra"

El jueves pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. La intervención del máximo tribunal ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo.

Maduro fue proclamado vencedor de los comicios presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta el momento no ha publicado las actas a pesar de la presión de la comunidad internacional.

Tanto González como la líder opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar, se mantienen a resguardo desde el 29 de julio, después de que la fiscalía general abrió una investigación penal en contra de ambos después de que llamaron a militares y policías a que le retiraran su respaldo a Maduro.

Machado ha aparecido en las convocatorias masivas de la oposición para alentar a sus seguidores a continuar defendiendo la que considera la victoria de la oposición en las urnas. González, por su parte, no ha sido visto en público.

Venezuela quedó sumida en una crisis política tras las elecciones presidenciales, con protestas callejeras masivas particularmente días después de los comicios. Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a más de 1.600 ciudadanos, según el más reciente registro del organismo de defensa de derechos venezolano Foro Penal, a los que la Fiscalía acusa de propiciar actos violentos y "terroristas".