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El fracaso de las autoridades de Honduras en identificar a los responsables del asesinato de la activista defensora del medio ambiente Berta Cáceres pone en grave peligro a cientos de defensores de los derechos humanos en ese país, considera Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, el grupo de defensa de los derechos humanos destacó en el segundo aniversario del asesinato de Cáceres que la falta de resultados en la investigación envía el mensaje de que los responsables de asesinar activistas pueden operar con impunidad.
"La incapacidad de resolver este caso y llevar a todos los responsables ante la justicia envía un mensaje escalofriante de que los defensores de derechos humanos pueden ser asesinados con impunidad si se atreven a interrogar a quienes tienen el poder en Honduras", dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América.
Guevara Rosas precisó que la justicia para la índigena del pueblo Lenca significa ir tras aquellos que ordenaron su asesinato, algo que esta “investigación escandalosamente fallida no ha logrado”.
“Al no tomar medidas, las autoridades hondureñas también incumplen su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos de nuevos ataques”, consideró la representante.
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, activa defensora del medio ambiente y de los derechos indígenas, fue asesinada a tiros por hombres armados en su casa en Intibucá, Honduras.
Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), Cáceres hizo campaña contra el proyecto de represa hidroeléctrica de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena Lenca.
AI ha documentado un patrón de amenazas y un aumento de la estigmatización contra quienes buscan la verdad, la justicia y la reparación por el asesinato de Cáceres, así como contra otros que se atreven a denunciar acciones de empresas contra pueblos indígenas locales y comunidades campesinas.
El año pasado, el grupo civil Global Witness (testigo global) consideró a Honduras como el país más mortífero del mundo para los defensores de los derechos ambientales, y documentó el asesinato de 120 defensores en ese país desde 2010.
AI pide a las autoridades hondureñas que investiguen a los implicados en el asesinato de Cáceres y que consideren seriamente las pruebas y las líneas de investigación propuestas por su familia y sus abogados.
La organización también instó a las autoridades a iniciar una investigación pronta, exhaustiva y efectiva sobre las amenazas y a los ataques denunciados por COPINH y otros defensores de los derechos de la tierra y el medio ambiente.