La menor, que padece una enfermedad neuromuscular severa (miastenia autoinmune), sufrió una parada cardiorrespiratoria el 22 de junio pasado, por la que ingresó en el hospital, donde le detectaron "numerosas y graves lesiones cerebrales", según indica el Consejo de Estado en un comunicado.
La más alta instancia de contenciosos administrativos indicó que "es imposible determinar cuál sería la voluntad de la menor" y dio la razón a los facultativos amparándose en una ley de 2016, que contempla la posibilidad de suspender los tratamientos cuando son "inútiles, desproporcionados y no tienen más efecto que el mantenimiento artificial de la vida".
Esta ley permite la sedación profunda en enfermos terminales, pero prohíbe la eutanasia o el suicidio asistido.
Tras el dictamen de hoy, ahora es el médico competente quien debe decidir si pone fin al tratamiento y, en tal caso, cómo y cuándo.