LONDRES, Reino Unido (EFE).- La empresaria británica Gina Miller, que en 2017 ya forzó al Gobierno en los tribunales a tener en cuenta al Parlamento en el proceso del "brexit", celebró hoy como una segunda victoria personal el fallo del Supremo que obliga a reabrir las cámaras legislativas.
Miller, de 54 años, ha liderado en Inglaterra el litigio para anular la orden del primer ministro británico, Boris Johnson, de clausurar el Parlamento durante cinco semanas.
Muchos interpretaron esa maniobra como un intento por silenciar a los diputados en la recta final del "brexit", una interpretación que once magistrados del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, secundaron hoy por unanimidad.
Cofundadora de una firma de inversión y de una fundación filantrópica, Miller ha vuelto a llevar al Gobierno ante los jueces a pesar de que desde hace dos años se ha convertido en el blanco habitual de amenazas de partidarios de la salida británica de la Unión Europea.
En enero de 2017, una iniciativa suya obligó al Ejecutivo a pedir permiso a la Cámara de los Comunes para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició la cuenta atrás para la ruptura con la UE.
El mismo mes en el que se dictó aquella sentencia, la policía envió advertencias a ocho personas que habían lanzado amenazas contra ella.
Poco después, el aristócrata Rhodri Philipps fue sentenciado a doce semanas de cárcel por ofrecer en las redes sociales 5.000 libras (5.650 euros) a aquel que "atropelle a esa maldita inmigrante de primera generación".
La exposición pública la obligó a contratar seguridad privada y modificar su estilo de vida, limitando, entre otros aspectos, el uso del transporte público.
El dictamen emitido hoy la ha vuelto a situar en las primeras páginas de los medios y es además especialmente relevante para la futura jurisprudencia de un país que no cuenta con una Constitución escrita.
"La decisión confirma que somos una nación gobernada por el imperio de la ley, por unas normas sobre las que nadie está por encima, ni siquiera el primer ministro", declaró la empresaria a las puertas del Tribunal Supremo tras conocerse la sentencia de hoy.
La resolución del órgano judicial que preside la magistrada Brenda Hale podrá ser citada de ahora en adelante como precedente en procesos similares.
"La decisión de prorrogar el Parlamento será ilegal si esa prorrogación tiene el efecto de frustrar o prevenir, sin una justificación razonable, la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales como poder legislativo y como cuerpo responsable del supervisar al Ejecutivo", indica la conclusión del Supremo.
Miller nació en Guyana, aunque se crió desde 1976 en la ciudad inglesa de Brighton y tiene la nacionalidad británica.
En algunas entrevistas, ha explicado que cuando era joven se vio obligada a trabajar en hoteles y servicios de limpieza porque sus padres, que seguían en Guyana, no tenían permitido enviarle dinero al Reino Unido.
Su padre, de ascendencia india y abogado de profesión, llegó a ser fiscal general de Guyana.
En los años ochenta, Miller estudió derecho en la University of East London, pero dejó esta carrera para completar una licenciatura en marketing en la University of London, que completó con especializaciones en recursos humanos.
A principios de los noventa fundó su propia compañía de marketing, se divorció de su primer marido y se casó con el financiero Jon Maguire, del que también se divorció, en 2002, y que algunos años más tarde hizo campaña por el partido eurófobo English Democrat Party.
En 2009, cofundó la firma de inversión SCM Direct junto con su actual esposo, Alan Miller, con quien tiene dos hijas, y estableció la fundación True and Fair, con la que lleva a cabo obras filantrópicas.