Las citaciones, que buscan registros, fueron enviadas a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, indicó la fuente.
La persona no estaba autorizada para discutir públicamente una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
Las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si los funcionarios de Minnesota obstruyeron las redadas migratorias a través de declaraciones públicas que hicieron, indicaron dos personas familiarizadas con el asunto el viernes. Dijeron entonces que se centraba en la posible violación de una ley contra la conspiración.
Walz y Frey han calificado la investigación como una táctica de intimidación destinada a amenazar a la oposición política.
Frey describió el viernes la investigación como un intento de intimidarlo por "defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas del orden locales y a nuestros residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestras calles".
Las citaciones llegaron mientras la administración Trump está instando a un jueza a rechazar los esfuerzos de Minnesota y de las ciudades de Minneapolis y St. Paul para detener las redadas migratorias que han estremecido a esas comunidades.
El Departamento de Justicia calificó la demanda, presentada poco después del tiroteo fatal de Renee Good por un agente de inmigración, como "legalmente frívola". Los abogados argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional está actuando dentro de sus poderes legales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Las redadas han hecho que el estado sea más seguro con la detención de más de 3.000 personas que estaban en el país ilegalmente, declaró el gobierno el lunes en un documento judicial.
"En pocas palabras, Minnesota quiere un veto sobre la aplicación de la ley federal", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, señaló que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con sus redadas. Describió a los agentes armados como mal entrenados y dijo que la "invasión" debe cesar.
La demanda presentada el 12 de enero busca una orden para detener o limitar las redadas. Se esperan más gestiones judiciales y no se sabe cuándo la jueza Katherine Menendez tomará una decisión.
Ilan Wurman, quien enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, duda que los argumentos del estado tengan éxito.
"No hay duda de que la ley federal es suprema sobre la ley estatal, que la aplicación de la ley de inmigración está dentro del poder del gobierno federal, y que el presidente, dentro de los límites legales, puede asignar más recursos federales a los estados que han sido menos cooperativos en ese espacio de aplicación que otros estados", dijo Wurman a The Associated Press.
Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, expresó su frustración porque los activistas no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas. Ciudadanos estadounidenses han sido sacados de sus hogares y vehículos durante las redadas en Minnesota.
"Estamos hablando de personas reales, de las que potencialmente no tenemos idea de lo que les está sucediendo", indicó Decker.
En una demanda separada, Menendez sostuvo el viernes que los policías no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no están obstruyendo a las autoridades.
Good, de 37 años, fue asesinada el 7 de enero mientras movía su vehículo, que había estado bloqueando una calle de Minneapolis donde operaban efectivos de Inmigración y Control de Aduanas. Funcionarios de la administración Trump dicen que el agente, Jonathan Ross, le disparó en defensa propia, aunque los videos del encuentro muestran que el Honda Pilot se alejaba lentamente de él.
Desde entonces, el público ha confrontado repetidamente a los agentes, soplando silbatos y gritándoles insultos. Ellos, a su vez, han utilizado gas lacrimógeno e irritantes químicos contra los manifestantes. Los transeúntes han grabado videos de efectivos usando un ariete para entrar en una casa, así como rompiendo ventanas de vehículos y sacando a personas de los autos.
La policía de la región, mientras tanto, denunció que agentes de la ley fuera de servicio han sido perfilados racialmente por agentes federales y detenidos sin causa. El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, dijo que ha recibido quejas de residentes que son ciudadanos estadounidenses, incluidos sus propios policías.
"Cada una de estas personas es una persona de color que ha experimentado esto", manifestó Bruley durante una conferencia de prensa.
Dijo que cree que las detenciones han sido realizadas por un "pequeño grupo de individuos", y no por todos los agentes en el área.
El presidente Donald Trump amenazó la semana pasada con invocar una ley de 1807 y enviar tropas a Minnesota, aunque se ha retractado, al menos en sus declaraciones públicas.