Bogotá, Col.- El escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, sacude a su Gobierno en vísperas de su primer aniversario, que se cumplirá el 7 de agosto, y puede traer consecuencias judiciales y políticas al mandatario.
Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.
Y no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña, sino que la bomba fue detonada en su entorno familiar como consecuencia de una pelea matrimonial entre su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris Vásquez que acabó llegando hasta la Fiscalía.
La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación de Petro Burgos a la Fiscalía, sobre la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de su padre, para pedir que se le someta a un juicio político o incluso exigirle la renuncia, para lo cual han convocado a manifestaciones en todo el país el próximo 16 de agosto.
Según el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.