La huelga en varias refinerías y almacenes de combustible en protesta por la ley que eleva la edad de jubilación impacta ya a cerca del 40 % de las gasolineras de la región de París, a dos días de que se celebre la undécima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones.
Estos paros, que suceden cuando el precio del crudo está al alza y a pocos días de las fiestas de Semana Santa, afectan sobre todo a la región parisina (la más poblada del país), aunque se extienden en buena parte del país, sobre todo en el centro-oeste (Tours) y sureste (Marsella).
De acuerdo con los datos actualizado por el diario Le Figaro -los últimos del Ministerio de la Transición Energética no estaban aún disponibles-, el 10,5 % de las gasolineras francesas tiene algún tipo de problema de abastecimiento.
En el caso de la capital, la huelga en dos refinerías estratégicas para la ciudad (la de Port-Jérôme-Gravenchon de Esso-ExxonMobil y la de Gonfreville-L'Orcher de TotalEnergies) han causado la falta parcial de combustible.
Mientras que el alcance de las perturbaciones de la huelga convocada para el jueves se sabrán solo en la víspera (sobre todo en los trenes, aviones y transportes públicos), los basureros de París han formalizado un aviso previo de huelga, pocos días después de haber desconvocado una que se extendió durante tres semanas y que dejó a la capital francesa llena de desechos.
Este aviso está programado para el 13 de abril, en la víspera de que el Consejo Constitucional (la principal instancia administrativa francesa) valide o no la nueva ley sobre las pensiones que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
Precisamente a ese organismo se desplazó hoy una comitiva de diputados de La Francia Insumisa para presionar a los jueces, presididos por el antiguo ministro socialista Laurent Fabius, y a quienes toca decidir sobre la constitucionalidad del texto.
También hoy una veintena de parlamentarios comunistas del PCF marcharon desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio del Elíseo para entregar una misiva al presidente francés, Emmanuel Macron, en la que le exigieron la retirada de la norma.