QUITO (AP) — Pobladores de la Amazonia ecuatoriana exigieron el miércoles que el Estado apague cerca de medio millar de mecheros que queman gases asociados a la explotación petrolífera y se cumpla así una sentencia judicial de hace casi tres años que advirtió sobre sus efectos en la salud y el ambiente.
Medio centenar de manifestantes marcharon a la Corte Constitucional con tambores, pitos y pancartas con leyendas como "Fuera mecheros", "Que se cumpla la sentencia" y "La Amazonia vive", entre otros. Ese tribunal emitió una sentencia sobre las antorchas en enero de 2021, pero el Estado no la ha cumplido alegando que es confusa.
Los demandantes, que no piden compensación económica, son las familias de nueve niñas de la Amazonia que padecen cáncer o han muerto por esa causa, mientras que los demandados son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la empresa estatal petrolífera Petroecuador.
Uno de los manifestantes, el misionero capuchino Charly Azkona, dijo a The Associated Press que "los mecheros nos están causando la muerte" y explicó que el agua subterránea y de los ríos está contaminada. "Nos están matando en la Amazonia, por eso venimos a exigir que se cumpla esta sentencia", agregó.
La combustión es una práctica común en la industria petrolífera ecuatoriana para eliminar subproductos de la extracción de petróleo, produciendo metano y otros gases altamente contaminantes con residuos de metales pesados y restos de elementos como ácido sulfúrico. Los mecheros funcionan a una temperatura promedio de 400 grados centígrados durante las 24 horas.
El fallo de 2021 reconoció la violación de los derechos a la salud, al agua y a vivir en un ambiente sano, entre otros, y la violación de acuerdos internacionales suscritos por el Estado, especialmente en lo relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero y la protección contra el cambio climático.
Petroecuador señaló en su página de internet que desde 2022 y hasta esta semana ha eliminado 145 mecheros en las provincias de Sucumbíos y Orellana y que de acuerdo con la proyección técnica se eliminarán todos hasta el año 2030.
Los denunciantes aducen que la cercanía de la población con esos elementos incrementa el riesgo de padecer dolencias como cáncer, malformaciones y abortos espontáneos, pero que también afecta a la naturaleza.
La pobladora Lucy Urbina aseveró que "estamos con muchas iras porque el Estado no ha cumplido con la sentencia de eliminar los mecheros" y manifestó que "queremos que se haga un diagnóstico de salud de las personas" que están enfermas.
El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, quien expuso el tema ante una comisión legislativa, aseguró el miércoles que el proceso se está cumpliendo de acuerdo a lo que establece un reglamento creado por esa secretaría de Estado, que determinó el desmantelamiento de los mecheros que se encuentren a 100 metros de distancia de un centro poblado.
Luque admitió que la distancia puede ser "subjetiva", pero justificó que se estableció así porque en el fallo no se determinaba distancia. Agregó que faltan 341 mecheros por desmantelar hasta 2030, aunque fue cuestionado por los legisladores sobre la divergencia de datos —de mecheros apagados y que restan por apagar —entre los ministerios e instituciones estatales.