Ginebra, Suiza.- El Gobierno de Irán perpetró crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas que empezaron en septiembre de 2022, a raíz de la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico, en una serie de actos que afectaron mayormente a mujeres, niños y minorías.
Así lo ha concluido la Misión de Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esclarecer lo ocurrido durante esos eventos y los meses que siguieron, y durante los cuales la represión se hizo más fuerte y generalizada.
Según cifras fidedignas citadas por el grupo investigador, hasta 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores.
En su primer informe ante la ONU, la Misión ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.
La Misión constató que la persecución por motivos de género se entrecruzaba con la discriminación por motivos étnicos y religiosos.