WASHINGTON (AP) — Con base en la Primera Enmienda de la Constitución, un juez federal acordó el martes impedir de forma permanente que el gobierno de Estados Unidos implemente una orden presidencial para poner fin al financiamiento federal de la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio de Televisión Pública (PBS), dos medios de comunicación que la Casa Blanca ha asegurado que son contraproducentes a las prioridades del país.
Juez federal bloquea orden ejecutiva de Trump contra NPR y PBS
De momento se desconoce el impacto operativo de la decisión del juez de distrito Randolph Moss — debido a que probablemente será apelada y por todo el daño que ha sufrido el sistema de radiodifusión pública, tanto a manos del presidente como del Congreso.
Moss dictaminó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para cesar el financiamiento de la NPR y el PBS es ilegal e inaplicable. Señaló que el derecho a la libertad de expresión que se establece en la Primera Enmienda "no tolera la discriminación por punto de vista ni las represalias de este tipo".
"Es difícil concebir pruebas más claras de que una acción del gobierno ataca los puntos de vista que no le gustan al presidente y busca silenciarlos", escribió Moss, quien fue nominado para el cargo por el presidente Barack Obama, un demócrata.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, aseguró que la decisión de Moss es "un fallo ridículo de un juez activista que intenta socavar la ley".
"La NPR y el PBS no tienen derecho a recibir fondos de los contribuyentes, y el Congreso ya votó para dejarlos de financiar. El gobierno de Trump espera con ansias un triunfo definitivo en este asunto", dijo Jackson en un comunicado.
Impacto y reacciones tras la decisión judicial
El PBS, con programación que va desde "Plaza Sésamo" y "El vecindario de Mister Rogers" hasta los documentales de Ken Burns, ha estado en operación por más de medio siglo. La NPR tiene programación noticiosa como "All Things Considered" y programas culturales como los conciertos "Tiny Desk". Durante décadas, el destino de ambos sistemas ha sido parte de un debate filosófico sobre si el gobierno debería ayudar a financiar sus operaciones.
Castigo por "expresión pasada"
El juez observó que la orden ejecutiva de Trump simplemente ordena que todas las agencias federales "corten cualquier y todo financiamiento" a la NPR, con sede en Washington, y al PBS, con sede en Arlington, Virginia.
"Los demandados federales no logran citar un solo caso en el que un tribunal haya respaldado alguna vez una ley o una acción ejecutiva que prohíba a una persona o entidad en particular participar en cualquier actividad financiada por el gobierno federal basándose en la expresión pasada de esa persona o entidad", escribió el juez.
Trump dijo el año pasado en una conferencia de prensa que le "encantaría" privar de fondos a la NPR y al PBS porque cree que están sesgados a favor de los demócratas.
"El mensaje es claro: la NPR y el PBS no necesitan solicitar ningún beneficio federal porque el presidente desaprueba su cobertura noticiosa ´de izquierda´", escribió Moss.
La NPR acusó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) de violar sus derechos de libre expresión cuando tomó medidas para prohibir su acceso a las subvenciones asignadas por el Congreso. La NPR también sostiene que Trump quiere castigarla por el contenido de su periodismo.
"Los medios públicos existen para servir al interés público — el de los estadounidenses — no el de ninguna agenda política ni funcionario electo", declaró Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de la NPR. Calificó la decisión como una contundente ratificación de los derechos de una prensa libre e independiente.
La directora del PBS, Paula Kerger, se mostró encantada con la decisión. La orden ejecutiva, sostuvo, es un ejemplo "típico" de discriminación y represalias por punto de vista. Añadió: "En PBS, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: cumplir nuestra misión de educar e inspirar a todos los estadounidenses como la institución mediática más confiable del país".
La CPB anunció en agosto pasado que tomaría medidas para cerrarse después de que el Congreso le retiró los fondos.
Una victoria, aunque incremental, para la libertad de prensa
El abogado de los demandantes, Theodore Boutrous, calificó el fallo del martes como "una victoria para la Primera Enmienda y para la libertad de prensa".
"Como el Tribunal reconoció expresamente, la Primera Enmienda traza una línea que el gobierno no puede cruzar cuando intenta usar el poder gubernamental — incluido el poder del dinero — ´para castigar o suprimir expresiones desfavorecidas´ de otros", indicó Boutrous en un comunicado. "La orden ejecutiva cruzó esa línea".
El juez coincidió con los abogados del gobierno en que algunos de los reclamos legales de los medios ya no tienen caso, en parte porque la CPB ya no existe.
"Pero eso no pone fin al asunto porque la orden ejecutiva va más allá de la CPB", añadió Moss. "También ordena que todas las agencias federales se abstengan de financiar a la NPR y a la PBS — independientemente de la naturaleza del programa o de los méritos de sus solicitudes o pedidos de financiamiento".
La NPR y tres estaciones de radio pública presentaron una demanda contra funcionarios del gobierno el pasado mayo. Aunque Trump fue demandado en esta acción legal, el caso no incluyó al Congreso — y el órgano legislativo ha desempeñado un papel importante en la saga de la radiodifusión pública durante el último año.
La orden ejecutiva de Trump recortó de inmediato millones de dólares en financiamiento del Departamento de Educación a la PBS para su programación infantil, lo que obligó al sistema a despedir a un tercio del personal de PBS Kids. La orden de Trump no afectó la votación del Congreso para eliminar las asignaciones federales generales para la PBS y la NPR, lo que forzó el cierre de la Corporación para la Radiodifusión Pública, la entidad que canalizaba ese dinero hacia las redes de televisión y radio.