BUENOS AIRES.- Un juez argentino citó el lunes a declarar a una veintena de miembros de organizaciones sociales sospechosos de haber malversado fondos estatales destinados a programas de trabajo para desempleados y haber coaccionado a sus beneficiarios para participar en protestas callejeras a cambio de esas ayudas.
En otra causa también relacionada con distintas políticas sociales, el magistrado urgió al gobierno del presidente Javier Milei a que reparta cuanto antes los cinco millones de kilos de alimentos que tiene acopiados en galpones entre los comedores populares a los que asisten diariamente miles de familias empobrecidas.
En su primera resolución, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a unos 20 miembros de esa organización izquierdista por la presunta administración fraudulenta de fondos en el marco del Plan Potenciar Trabajo, que adjudicaba tareas laborales a personas sin recursos. Las comparecencias ante el magistrado fueron fijadas para junio.
La pesquisa fue impulsada por el gobierno de Milei, que ha acusado de maniobras corruptas al Polo Obrero y a otras organizaciones sociales que desde hace décadas canalizan en Argentina una parte de la asistencia estatal destinada a sectores empobrecidos. Esas agrupaciones niegan las imputaciones.
El juez sospecha que el Polo Obrero, que funcionaba como un intermediario entre el Estado y los beneficiarios de los programas laborales, simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”, según el dictamen que fue reproducido por medios de prensa.