La protección de los testigos protegidos en casos contra el crimen organizado en Países Bajos está en el ojo del huracán, después de un informe crítico de la Junta de Seguridad Neerlandesa, que analizó el asesinato del abogado, el hermano y un confidente de un testigo clave, que este martes se ha vuelto a quedar sin letrados.
El testigo protegido en cuestión es Nabil Bakkali (conocido en la prensa como Nabil B.), un criminal neerlandés nacido en 1987 y procesado en 2019 por varios asesinatos, por los que la Fiscalía pide una sentencia de 12 años de prisión a cambio de casi un centenar de testimonios contra Ridouan Taghi, jefe de uno de los grupos criminales más temidos de Países Bajos.
Su acuerdo de colaboración con las autoridades neerlandesas generó una serie de asesinatos de personas cercanas a él por venganza o para impedir que declare: primero fue su hermano Redouan en 2018; después su abogado Derk Wiersum en 2019, y después el periodista Peter R. de Vries, investigador del crimen organizado y confidente de Bakkali, en 2021.
La Junta de Seguridad Neerlandesa (OVV), agencia del gobierno que realiza investigaciones independientes sobre causas de incidentes que involucran a agencias oficiales o empresas, publicó hace dos semanas un informe en el que concluía que la policía y la fiscalía pasaron por alto muchas señales que llevaron a esos tres asesinatos, y los responsables de la vigilancia y la seguridad de las víctimas trabajaron con “propósitos cruzados”.
La OVV habló con familiares del testigo protegido, abogados, policía, empleados de la fiscalía, y otras partes involucradas en esta cuestión entre 2018 y 2022, y sus conclusiones señalan claros errores de sistema, estimaciones incorrectas y falta de comunicación entre los servicios encargados.
Esta falta de coordinación llevó a la toma de decisiones sobre la base de información fragmentada sobre las amenazas, según la OVV, que también recomendó prepararse mejor para las amenazas que rodean el crimen organizado en Países Bajos porque “el procedimiento estándar ya no es suficiente”, como tampoco lo es la forma actual de comunicación.
Tras conocerse estas conclusiones, los familiares de Bakkali alertan ahora de sus temores por una cuarta muerte relacionada con el testimonio de Nabil B. que sigue siendo testigo clave en el caso Marengo, un juicio que involucra a 17 sospechosos, con Taghi a la cabeza, por varios asesinatos relacionados con la Mocro Mafia, grupos del crimen organizado que libra una guerra territorial en Países Bajos y Bélgica desde hace más de una década.
Este juicio no incluye los asesinatos del hermano, el abogado y el confidente de Bakkali, quien en sí mismo es también uno de los sospechosos del caso Marengo, que involucra seis asesinatos, cuatro intentos de homicidio y cuatro preparativos de asesinatos.
“Mi familia no está protegida, no se siente segura bajo la dirección del actual fiscal general de Países Bajos Central (Rutger Jeuken)”, escribió la familia en una carta publicada por RTL Nieuws.
Acusan al fiscal de ser “responsable de todos los abusos, incidentes y fallas de seguridad que han ocurrido en los últimos años con respecto a la protección” de la familia Bakkali.
Este martes, los abogados neerlandeses Onno de Jong y Peter Schouten, que asisten a Nabil Bakkali en el juicio de Marengo, han anunciado durante una sesión del proceso judicial que dejan de representar al testigo protegido, aunque no han explicado sus razones debido al secreto profesional con su cliente, a quien anunciaron su decisión hace una semana, dijeron.
No es la primera vez que Nabil B. se queda sin abogados. Después del asesinato de Wiersum en 2019, recibió la asistencia legal de otro abogado de forma breve, pero dejó el caso por un conflicto con el cliente. De Jong y Schouten lo representaron desde 2020.
La renuncia de los letrados llega unos días después de la publicación del informe del OVV y en medio de las promesas de las autoridades de que mejorarán el sistema de vigilancia y seguridad de los testigos protegidos, que se gestionará a nivel nacional y no por fiscalías regionales.
Además, la Policía va a crear un departamento de seguridad completamente nuevo, con 200 personas adicionales, para que se pueda compartir mejor la información disponible, pero ya ha advertido que, de momento, no puede encargarse de la seguridad de ningún nuevo testigo protegido, hasta que no se resuelvan los problemas del sistema denunciados por la OVV.