El fallo judicial emitido este martes da 90 días al Departamento de Seguridad Nacional para justificar por qué puso final a ese programa de alivio a las deportaciones de jóvenes indocumentados y, concluido ese plazo, le obliga a aceptar nuevas solicitudes de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
“Esta decisión es una buena para las organizaciones traficantes de personas y redes criminales, y es una noticia horrible para nuestra seguridad nacional”, agregó.
La portavoz insistió en que DACA “es ilegal” porque “viola la ley federal”, y pidió de nuevo al Congreso que “haga lo que les ha pedido” el presidente estadounidense, Donald Trump, y “arregle este problema”.
Por su parte, el Departamento de Justicia aseguró que está preparado para defender en “futuros litigios” su “autoridad legal” para acabar con el programa DACA, pero no aclaró si planea recurrir el fallo emitido este martes por el juez John D. Bates de la corte federal de la capital, Washington.
“El Departamento de Seguridad Nacional actuó dentro de su autoridad al decidir cancelar DACA. Promover y hacer cumplir las leyes es vital para proteger a la nación.