Quito, 21 oct (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, investigado por una comisión parlamentaria por su vinculación con los Papeles de Pandora, anunció este jueves que no comparecerá ante esa instancia por considerar que el Legislativo no tiene competencia para investigarlo.
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento) había fijado para mañana, viernes, la comparecencia de Lasso, luego de haber pospuesto una reunión inicial el pasado miércoles, a la que el mandatario se excusó de acudir.
En una nueva carta dirigida al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Fernando Cabascango, Lasso ratificó su postura de que el órgano parlamentario no tiene competencia para investigarlo y ratificó los términos de una anterior misiva con ese mismo talante.
Lasso ha advertido de que la investigación gira en torno a una prohibición constitucional, en vigor desde 2017, que impide a cualquier candidato electoral ser calificado como aspirante si poseyera capitales o bienes en paraísos fiscales.
El mandatario ha explicado que en ese año, tras la consulta popular que amparaba la ley, se deshizo de todos sus inversiones en entidades "off shore" o paraísos fiscales y que, con ello, pudo inscribirse como candidato presidencial y ser avalado por el órgano electoral.
Asimismo, ha recalcado que entre él, el Banco de Guayaquil (del cual fue propietario), la Corporación Multibg S.A y el Fideicomiso GLM, que forman parte de sus empresas, han pagado 588.864.479,38 dólares de impuestos en el país, lo que, según ha dicho, le convierte en uno de los mayores contribuyentes ecuatorianos.
En su primera carta, cuyo contenido ratifica en la segunda, Lasso desestima también el argumento de la comisión legislativa en el sentido de que el escándalo de los Papeles de Pandora, que le salpican, ha generado una supuesta "seria conmoción social".
Con ese argumento, según el mandatario, se intenta "circunvalar el procedimiento legalmente establecido para destituir a funcionarios que incumplan" la normativa.
Lasso considera que este tipo de casos deben ser tratados por la Contraloría General (tribunal de cuentas) del Estado y que, si en esa instancia se determina alguna responsabilidad, entonces podría pasar a la Corte Constitucional y de ahí al Parlamento para que adopte la decisión que corresponda conforme a la ley.
El mandatario, además, reiteró su invitación para que sean los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento los que le visiten en el Palacio Presidencial en Quito.
La visita de los comisionados del legislativo debería concretarse luego que se evacuen todas las diligencias que ellos tengan programadas con esta investigación, en virtud de su derecho a "conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro", precisa la misiva.
La Contraloría, según ha advertido el propio Lasso, ya ha iniciado una investigación, al igual que la Fiscalía General del Estado, a raíz de una denuncia presentada por el excandidato presidencial indígena Yaku Pérez.
De su lado, la asambleísta Paola Cabezas, del opositor movimiento UNES y que forma parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, insistió en que el presidente Lasso debería comparecer ante ese órgano legislativo, como todo funcionario público que sea requerido en los procesos de fiscalización.
"El presidente de la República no debe sentirse perseguido ni juzgado", más aún cuando ha ratificado que no posee desde 2017 bienes en paraísos fiscales, remarcó la legisladora tras señalar que los comisionados no acudirán a la invitación de Lasso al Palacio de Gobierno, pues se trata de un proceso en el que él está obligado a comparecer "a la casa del pueblo".
Jefe de comisión que investiga al presidente de Ecuador reitera importancia de que comparezca
El presidente de la Comisión parlamentaria de Garantías Constitucionales, José Fernando Cabascango, insistió este jueves en la importancia de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comparezca para esclarecer su aparición en los papeles de Pandora.
Cabascango convocó nuevamente al mandatario ecuatoriano para este viernes a dar su testimonio en la Comisión que investiga su actuación en relación a la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, bajo la figura de "prevención de ley, después de que el miércoles rechazara presentarse.
Sobre ese llamado "obligatorio" al presidente, el asambleísta por el movimiento plurinacional Pachakuti, dijo a Efe que "obliga a todos los funcionarios públicos a que brinden información y tengan que comparecer al pedido o llamado de alguna Comisión en el marco de las competencias de control y fiscalización político".
E interpelado acerca de la obligatoriedad de su comparecencia, comentó que el jefe de Estado es un funcionario público.
"En este caso, estamos en un proceso de investigación y creo que hay que dejar en claro que el presidente, al ser la autoridad de la función ejecutiva, sigue siendo un funcionario público", expresó.
La convocatoria a una nueva comparecencia se produjo en la misma jornada a la que habían sido convocados a declarar Lasso, su esposa, uno de sus hijos y cinco colaboradores del mandatario, ninguno de los cuales se presentó a las sesiones.
Su cónyuge y el hijo se excusaron el martes con el argumento de que al no ser funcionarios públicos no estaban en la obligación de comparecer, mientras que Lasso adujo que no es esa Comisión el organismo que debería investigar el caso, sino la Contraloría, a la que el 6 de octubre pidió verificar su declaración jurada de patrimonio.
Insistió, además, en que toda su renta "ha sido de fuentes ecuatorianas y ha sido declarada en Ecuador", donde ha "pagado todos los impuestos de ley", "588.864.479,38 dólares" en los últimos tres lustros.
De momento se desconoce si el jefe del Ejecutivo acudirá a la convocatoria, pero Cabascango recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional dio un plazo limitado de 30 días, que concluye el 6 de noviembre, para cerrar las comparecencias y presentar un informe sobre el caso.
Adelantó también que los integrantes de la Comisión, que inició sus gestiones este lunes, han pedido la intervención de organismos nacionales e internacionales.
"Sus familiares no son funcionarios públicos y no están obligados a comparecer", concedió el legislador, pero sostuvo que "debe ser de interés del presidente Lasso y de todos los ecuatorianos el poder esclarecer ese vínculos que hace el Consorcio de Periodistas al momento de divulgar estos documentos".