Caracas, Ven.- Nicolás Maduro asumió como presidente de Venezuela el viernes para un tercer mandato pese a las evidencias creíbles presentadas por la oposición de que perdió las últimas elecciones frente a su rival Edmundo González. A su toma de posesión le siguieron críticas internacionales y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
El mandatario venezolano renovó hasta 2031 su periodo de gobierno a pesar de la ola de cuestionamientos que recibió desde los comicios del año pasado y a los fuertes pronunciamientos en su contra que siguieron a la ceremonia de investidura.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido establecieron nuevas sanciones para lo que, más tarde, la oposición calificó de “golpe de Estado”.
Edmundo González difundió un mensaje a través de X, antes Twitter, después de que la oposición admitiera que no regresaría el viernes a Venezuela, en el que aseguró que mantenía sus planes de asumir el poder con un “ingreso seguro, en el momento propicio” para hacer valer los votos que recibió en las urnas.
“Lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia”, aseguró. “Ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen las condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la república”, encomendó a las Fuerzas Armadas. También pidió el fin de la represión.
González explicó que desistió de su deseo de ingresar a Venezuela porque consideraba que el cierre de fronteras ordenado por Maduro y el alistamiento de aviones militares buscaban “hacer conmigo, en el aire, lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente” en referencia a la retención temporal que sufrió la víspera la líder opositora María Corina Machado.
Tras la investidura de Maduro, la Unión Europea consideró en una declaración oficial que Maduro “carece de la legitimidad” de un presidente elegido democráticamente. El bloque europeo adoptó un nuevo paquete de sanciones contra 15 personas por “socavar la democracia” o los derechos humanos en Venezuela, entre ellos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
Justo durante la investidura, la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento de del Tesoro estadounidense anunció sanciones a ocho funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad como un “mensaje de solidaridad al pueblo venezolano” y un intento por elevar la presión sobre Nicolás Maduro.
A su vez, Estados Unidos incrementó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a hasta 25 millones de dólares, así como de su ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, y agregó una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.