MONTEVIDEO.- La central única de trabajadores uruguaya se movilizó el miércoles durante un paro en Montevideo por la recuperación del salario real que ha caído 4,3% durante el gobierno de Luis Lacalle y ha impactado con más fuerza a los sueldos más bajos.
Con una pandemia por ahora controlada, miles de sindicalistas ocuparon unas diez cuadras de la avenida del Libertador en el centro de la capital uruguaya.
Ataviados de cubrebocas, miles de trabajadores, luciendo polos y banderas de sus sindicatos, salieron a la calle para defender sus ingresos. Durante los gobiernos pasados los salarios se ajustaban, en líneas generales, por el Índice Medio de Salarios, pero el gobierno de Lacalle Pou, amparado en la pandemia y recostado en una ortodoxia económica tradicional según los expertos, ha negado el ajuste bajo este parámetro.
“Esta movilización es porque se está rebajando el salario a los trabajadores”, dijo Marcelo Abdala, secretario general de PIT-CNT, las siglas con las que se conoce a la central obrera.
“Si el Poder Ejecutivo fuera amistoso con la recuperación salarial, trabajadores y jubilados tendrían ajustes”, opinó el dirigente en relación a los recortes presupuestales en salud, vivienda, educación, inversión y otras áreas estatales. “Los productores agropecuarios chicos, industriales y comerciantes que trabajan para el mercado interno reactivarían su facturación. Para que haya trabajo hay que invertir”.
Desde la pandemia se perdieron unos 30.000 puestos laborales y 75.000 personas están en seguro de desempleo. En 2020 la pobreza llegó al 11,6% de los uruguayos, unas 100.000 personas aproximadamente, un deterioro comparable a 10 años atrás, según cifras.
Los trabajadores criticaron, entre varios puntos, la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081 por 455 millones de dólares a la empresa belga Katoen Natie que monopolizaría la actividad de contenedores y fijará tarifas. Un acuerdo que legisladores del opositor Frente Amplio podrían llevar a la justicia.
“Es la entrega más evidente y escandalosa en nuestro país”, señaló la trabajadora portuaria Vanessa Peirano en el estrado.
Los oradores también criticaron la venta de entre 48.000 y 55.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización que podrían pasar del tesoro público a privados si el Parlamento lo aprueba en las próximas semanas en la Rendición de Cuentas.