ATENAS, Grecia (EFE).- Más de la mitad de los migrantes que viven en los campos de la Grecia continental llevan ya 75 días sin recibir alimentos de las instituciones debido a que la legislación griega abolió este tipo de ayudas a todas las personas que hayan obtenido el estatus de refugiado o se les haya rechazado su solicitud.
Una treintena de ONG pidieron este jueves al Estado, en un comunicado, que garantice que todos los que viven en los campos de refugiados, independientemente de su estatuto legal, tengan acceso a la alimentación y a los productos de higiene.
"Actualmente el 60 % de los 16,659 refugiados residentes de los campos viven de la solidaridad de los demás o de la caridad de otras organizaciones", señaló a Efe Spyros Ikonomu, del Consejo Griego para los Refugiados.
La reforma legal aprobada en septiembre contempla que este grupo de personas no solo pierde el derecho a la ayuda alimentaria, sino también material y económica, al contar ya con el estatuto de asilado o porque deben regresar a su país al habérsele denegado.
Los reconocidos como refugiados tienen derecho a todas las ayudas sociales previstas para los demás residentes del país, según el Gobierno.
Sin embargo, según denunciaron las mismas ONG, en una carta abierta que dirigieron a finales de octubre al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; al ministro de Migración; Notis Mitarakis; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, los obstáculos burocráticos hacen imposible el acceso de los reconocidos como refugiados a las ayudas sociales.
La Comisaria de Interior en su respuesta destacó que la Comisión ha pedido repetidamente a las autoridades helenas que garanticen que todas las personas, independientemente de su estatuto legal, y especialmente las vulnerables, reciban alimentos, productos de higiene y otros productos de primera necesidad, según destacaron las ONG en su comunicado de hoy.
Además, las ONG denunciaron que los 14.435 beneficiarios del programa ESTIA -un programa de integración de las personas reconocidas como refugiados financiado por la UE-, gestionado por ACNUR hasta septiembre pasado, no reciben la ayuda económica mensual desde que el Gobierno asumió su gestión a comienzos de octubre.