WASHINGTON (AP) — Minnesota demandó el martes al gobierno del presidente Donald Trump para obtener acceso a pruebas que, según afirman, necesitan para investigar de manera independiente tres tiroteos cometidos por agentes federales, incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.
Demanda de Minnesota contra gobierno Trump por tiroteos federales
La demanda sostiene que el gobierno federal incumplió su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue de fuerzas federales en Minneapolis. Autoridades estatales buscan una orden judicial para exigir que el gobierno de Trump cumpla tal promesa.
"Estamos dispuestos a luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está desesperado por evitar", declaró a periodistas la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
La demanda marca una escalada en el choque entre los líderes de Minnesota y el gobierno de Trump por las investigaciones de los tiroteos de alto perfil, cometidos por agentes federales, que provocaron indignación pública y protestas. El gobierno del presidente republicano ha sugerido que los funcionarios de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar, pero las autoridades estatales insisten en que necesitan realizar sus propias pesquisas porque no confían en que el gobierno federal se investigue a sí mismo.
"Debe haber una investigación cada vez que un agente federal o un agente estatal le quita la vida a una persona en nuestra comunidad", señaló Moriarty.
Operación Metro Surge y críticas a la actuación federal
El gobierno envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul para la ofensiva contra la inmigración como parte de la campaña nacional de deportaciones de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consideró un éxito su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente criticada por los líderes de Minnesota, quienes plantearon interrogantes sobre la conducta de los agentes.
Las repercusiones de la Operación Metro Surge se prolongaron en forma de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional, en el que los demócratas del Congreso bloquean la financiación en un esfuerzo por lograr restricciones a la agenda migratoria de Trump.
Se envió un correo electrónico al Departamento de Justicia en busca de comentarios. Un portavoz del organismo dijo el martes, en un correo electrónico, que todos los tiroteos son revisados por una agencia de aplicación de la ley apropiada, seguido de una revisión independiente dentro de la agencia.
En enero, el Departamento de Justicia informó sobre el inicio de una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, pero ha señalado que la muerte de Good no justificaba una pesquisa federal similar. La decisión en el caso de Good marcó un giro brusco respecto de administraciones anteriores, que actuaban con rapidez para investigar tiroteos de civiles por parte de agentes del orden ante posibles violaciones de sus derechos civiles.
El subsecretario de Justicia Todd Blanche ha dicho que la División de Derechos Civiles del departamento no investiga todos los tiroteos en los que participan agentes del orden y que deben existir circunstancias y hechos que "justifiquen una investigación".
El DHS dijo el martes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lleva a cabo su propia investigación interna del caso de Pretti. Sobre Good, la agencia señaló que el asunto sigue bajo investigación, pero que las imágenes muestran que ella obstaculizó las operaciones de las fuerzas del orden y utilizó su vehículo como arma, lo que llevó al agente a actuar en defensa propia.
Además de los casos de Pretti y Good, la demanda exige acceso a pruebas en el caso de Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido en el muslo derecho por un agente federal en enero.
Funcionarios federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a otro hombre de golpear a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el palo de una escoba y una pala para nieve. Pero fiscales federales retiraron posteriormente todos los cargos contra los hombres y las autoridades abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre el tiroteo.
Ambos agentes están con licencia administrativa mientras el ICE y el Departamento de Justicia realizan una revisión conjunta, dijo el DHS el martes, y añadió en un comunicado que el ICE está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.
En la demanda se indica que el gobierno federal no puede "retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales que afecten a sus ciudadanos dentro de sus fronteras".
Moriarty manifestó el martes que el gobierno federal "ha adoptado una política de retener categóricamente las pruebas", y calificó la práctica de inédita y alarmante. Señaló que la demanda se presentó tras exigencias formales de entrega de pruebas, luego de que el gobierno federal impidiera que los investigadores de Minnesota accedieran a evidencias relacionadas con los tiroteos.
Este tipo de casos de estados contra el gobierno federal son muy inusuales, dijo Rachel Moran, profesora de derecho en la Universidad de St. Thomas en Minneapolis.
Eso se debe a que las agencias locales no suelen intentar investigar posibles delitos cometidos por agentes federales, y también porque el gobierno federal rara vez se niega a cooperar. Lo contrario, cuando funcionarios estatales podrían intentar obstaculizar a agentes federales, solía ser más común durante la era de los derechos civiles, dijo Moran.
"El estado debería tener una oportunidad de éxito porque su afirmación básica es que tienen derecho a revisar pruebas relacionadas con un posible delito", dijo Moran. "No solo tienen el derecho, sino la obligación de investigar si los agentes han cometido delitos en su jurisdicción".
Cualquiera de los resultados de la demanda podría tener grandes implicaciones para el poder federal y estatal. Si un juez federal concede la solicitud del estado, dijo Moran, eso proporciona respaldo legal para que funcionarios estatales y locales investiguen a agentes federales. Si se permite que el gobierno federal retenga pruebas, podría desalentar la cooperación federal y estatal, afirmó.