Un juez federal de Massachusetts (George O'Toole Jr.) bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en el país pese a órdenes de salida, unas sanciones con las que algunos afectados han llegado a acumular deudas de hasta 1,8 millones de dólares.
El juez de distrito George O'Toole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula estas multas y las sanciones emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
"Esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso", indicó en un comunicado la Legal Aid Society, que representa a los demandantes junto con otros grupos de servicios legales.
O'Toole consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las sanciones es ilegal.
Entre otros motivos, el juez cuestionó que el Gobierno no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de los afectados y concluyó que el cobro de las multas podría llevar a los demandantes a la insolvencia.
Hasta 1,8 millones de deuda
La demanda, presentada en noviembre de 2025, impugna una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha afectado a más de 100.000 personas en todo el país y ha generado multas por un valor aproximado de 84.000 millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Según la Legal Aid Society, las multas se han impuesto a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus, que cumplen con las órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que aseguran no poder regresar de forma segura a sus países de origen.
Las demandantes, Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, se enfrentaron a sanciones de cientos de miles de dólares y de hasta 1,8 millones, respectivamente, pese a mantener contacto con las autoridades de inmigración y seguir los procedimientos legales disponibles.
"Ambas demandantes han permanecido en el país para solicitar un alivio migratorio que les permita obtener un estatus legal", señaló la organización en su comunicado.
Una de ellas, agregó, obtuvo posteriormente una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal.
La Administración Trump retomó a comienzos de 2025 la aplicación de una disposición de la ley de inmigración que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen EE. UU. tras recibir una orden de remoción o una orden de salida voluntaria.
En junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia modificaron además el procedimiento para imponer y recurrir estas sanciones, entre otros cambios, al eliminar la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y reducir el plazo para recurrir las sanciones.
"Este fallo representa una victoria crucial para las familias inmigrantes que fueron amenazadas ilegalmente con la ruina financiera", indicó Legal Aid.