KALAMATA, Grecia (AP) — Una juez griega desestimó el martes los cargos contra nueve ciudadanos egipcios causados de provocar un naufragio en el que murieron cientos de migrantes el año pasado y que repercutió en las operaciones de protección de fronteras y asilo de la Unión Europea. La fiscalía había recomendado suspender el proceso por falta de jurisdicción de Grecia.
Poco después del inicio del juicio en la ciudad de Kalamata, en el sur de Grecia, Ekaterini Tsironi recomendó la retirada de los cargos alegando que no podía establecerse la jurisdicción griega en el caso dado que la sobrecargada embarcación se hundió fuera de las aguas territoriales del país.
Se cree que más de 500 personas se hundieron con el arrastrero, que viajaba zarpó desde Libia rumbo a Italia. Tras el naufragio, 104 personas fueron rescatadas — en su mayoría procedentes de Siria, Pakistán y Egipto — y se recuperaron 82 cadáveres.
En el interior del tribunal hubo aplausos y vítores cuando la magistrada anunció el sobreseimiento de un caso que había sido criticado por grupos internacionales de derechos humanos, que alegaban que se estaba comprometiendo el derecho de los acusados a un juicio justo, ya que el juicio comenzó antes de que concluyese la investigación sobre las denuncias de que los guardacostas griegos pudieron haber cometido fallos en el intento de rescate.
En el exterior del tribunal, un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó a la policía antimotines al inicio de la vista. No se reportaron heridos graves pero dos personas fueron detenidas. Agentes de las fuerzas especiales de la policía mantenían el orden en el interior de la sala.
Los acusados, en su mayoría veinteañeros, podrían ser condenados a cadena perpetua si son declarados culpables de múltiples cargos penales por el hundimiento del pesquero "Adriana" el 14 de junio del año pasado ante la costa del sur de Grecia.
El abogado defensor Spyros Pantazis había pedido antes en el día a los magistrados que se declarasen incompetentes para juzgar el caso, alegando que el naufragio ocurrió fuera de las aguas territoriales griegas.
"El tribunal podría convertirse en un sancionador internacional", dijo Pantazis a los tres magistrados del tribunal.
Kontaratou interrogó a los nueve acusados por medio de un intérprete. Los sospechosos dijeron su intención era viajar a Italia, no a Grecia, y varios de ellos declararon su inocencia.
La magistrada reconoció que "no había griegos a bordo, no tenía bandera griega y todos los documentos indican que (el barco) estaba a 47 millas náuticas de distancia". No estuvo claro de inmediato si estas palabras indicaban que desestimaría el caso.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describió el año pasado el hundimiento ante la costa sur de Grecia como "horrible".
El incidente renovó la presión sobre los gobiernos europeos para proteger las vidas de los migrantes y solicitantes de asilo que tratan de llegar al continente, mientras el número de personas que intentan cruzar el mar Mediterráneo de forma ilegal sigue aumentando cada año.
Abogados de grupos griegos de derechos humanos representan a los nueve egipcios, que niegan las acusaciones de contrabando de personas.
"Existe un riesgo real de que estos nueve sobrevivientes sean declarados ´culpables´ en base a pruebas incompletas y cuestionables, dado que la investigación oficial sobre el papel de los guardacostas aún no ha terminado", dijo Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia Central.
Según las autoridades, los acusados fueron identificados por otros sobrevivientes y las acusaciones se sustentan en esos testimonios.
Frontex, la agencia europea de protección de fronteras, afirma que las detenciones fronterizas ilegales en el bloque aumentaron durante tres años seguidos hasta 2023, alcanzando su nivel más alto desde la crisis migratoria de 2015 y 2016, debido, sobre todo, a las llegadas por mar.