Managua, Nic.- Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
De súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia, quedaron en el “aire”, tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.
Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.
El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.
Para algunos estudiantes el trasfondo del cierre de universidades está relacionado a un supuesto temor del presidente Ortega por perder el poder, que ostenta desde 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990.
La universitaria aseguró que desde la cancelación de las universidades ningún estudiante, docente, ni empleado, ha podido pasar de los portones, y que los guardas de seguridad amenazan a los visitantes con llamar a la Policía, cuyos agentes, uniformados y civiles, según ha podido constatar Efe, rondan los campus y detienen a quienes estiman conveniente.