“Nos pidieron que abandonáramos el país inmediatamente y esperamos que nuestra sede en Washington, se encargue de la logística para irnos”, dijo Ana María Tello, coordinadora del MESENI en rueda de prensa.
La expulsión de los expertos tuvo lugar un día antes de que el grupo de especialistas divulgara su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado en los últimos meses, un documento que el gobierno de Ortega les ha prohibido presentar, explicó Amérigo Incalcaterra, coordinador del equipo.
“La decisión de expulsar al GIEI es unilateral. No ha habido comunicación que nos indique que trabajemos de esta forma u de otra. Tuvimos doce reuniones al inicio de nuestro trabajo y de ahí en adelante no hubo nunca más respuesta a las más de 70 comunicaciones que les enviamos solicitando información”, dijo Incalcaterra.
Los investigadores subrayaron que pese a la expulsión continuarán “dando seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua desde afuera”, afirmó Tello.
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG regional, condenó duramente la decisión que llegó justo un día antes de que el grupo de especialistas presentase su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado en los últimos meses.
A juicio de esta organización, los expertos de los dos grupos que investigaban desde hace meses en el país “se enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, y al negarles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos”.
Esta acción se da en el marco de un recrudecimiento de la represión y la persecución ya que en las últimas semanas el gobierno de Ortega retiró licencias a varias ONG críticas y ocupó las instalaciones de un medio noticioso independiente que ha documentado abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno y paramilitares desde abril.