Los obispos católicos de Estados Unidos interpusieron el martes una demanda contra el gobierno federal por la abrupta suspensión de financiamiento para el reasentamiento de refugiados, argumentando que es una acción ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados y para el programa privado de reasentamiento más grande del país.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus iniciales en inglés) afirma que, al retener millones de dólares incluso para el reembolso de costos incurridos antes del anuncio, el gobierno viola diversas leyes así como la disposición constitucional que otorga el control de los fondos al Congreso, el cual ya había aprobado el financiamiento.
Los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han enviado avisos de despido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y se anticipan recortes adicionales en las oficinas locales de Caridades Católicas que colaboran con la oficina nacional, según la demanda.
“La Iglesia Católica siempre trabaja para defender el bien común de todos y promover la dignidad de la persona humana, dijo el arzobispo Timothy Broglio.