ASUNCIÓN.- Los fiscales en Paraguay acusaron el sábado al expresidente recientemente destituido Santiago Peña de dos delitos vinculados al colapso de un importante banco que ha puesto en peligro los ahorros de cientos de cuentahabientes y ha desatado la mayor crisis política del país en una década.
En una conferencia de prensa el sábado, Nancy Salomón, la principal fiscal del país sudamericano para delitos de corrupción y económicos, dijo que Peña sería investigado por los delitos de abuso de confianza y administración para beneficio personal.
La destitución de Peña marca una gran crisis para Paraguay, que volvió al régimen democrático en 1989. Desde entonces, el país de 6 millones de habitantes ha sido gobernado en su mayoría por el Partido Colorado, de tendencia conservadora y del cual Peña era miembro.
Los fiscales dijeron que el expresidente podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de ambos delitos, y han pedido a un juez que congele los bienes de Peña y lo envíe a prisión mientras continúan las investigaciones.
Más tarde el sábado, el juez paraguayo Humberto Otazu accedió a esa solicitud y dijo que Peña será retenido en una base militar mientras continúan las investigaciones, para garantizar su cumplimiento con la investigación anticorrupción.
El martes, los reguladores en Paraguay intervinieron al Ueno Bank, congelando las cuentas de casi 3 millones de clientes y desencadenando una crisis política que llevó a la destitución de Peña el viernes por la noche por parte del Congreso.
Más temprano el sábado, Peña fue interrogado por fiscales en el complejo de la fiscalía general, en la capital Asunción. El expresidente no estaba esposado, pero era escoltado por la policía.
Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras los reguladores pasaban por altos préstamos internos de alto riesgo. Peña ha negado haber cometido algún delito.
La fiscalía paraguaya ordenó el viernes el arresto de Peña y del exjefe del Banco Central Carlos Carvallo como parte de una investigación penal por presunto abuso de confianza y otros delitos vinculados al colapso de Ueno Bank. El expresidente fue trasladado a una base militar a última hora del viernes, mientras cientos de manifestantes se congregaban frente a su casa.
La orden de arresto se emitió poco después de que el Senado destituyera a Peña del cargo en una votación unánime. Peña fue reemplazada por el vicepresidente Pedro Alliana, quien comenzó a nombrar un nuevo gabinete el sábado. El Banco Central informó el sábado que 1,2 millones de clientes de Ueno habían recibido un reembolso parcial o total de sus depósitos. Conforme a la ley paraguaya, los depósitos de hasta 37.000 dólares están asegurados.
Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no la ayudó y siguió adelante con un juicio político. Los legisladores de la oposición insistieron en su destitución para impedir que dejara el cargo con inmunidad.
“Debe irse, pero no a su casa. Debe irse a una prisión de máxima seguridad”, dijo a los periodistas la senadora opositora Yolanda Paredes. “La ciudadanía está harta de la impunidad”.
En un mensaje de despedida difundido poco antes de ser destituido el viernes, Peña manifestó su esperanza de que su salida evitara más daños a Paraguay.