SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — El estatus de Missouri como uno de los estados con mayor actividad en la aplicación de la pena de muerte está a punto de cambiar por una simple razón: el estado se está quedando sin reclusos para ejecutar.
La inyección letal a Christopher Collings el 3 de diciembre dejó sólo a ocho hombres en el corredor de la muerte, un término figurado dado que los reos a la espera de su ejecución en Missouri están recluidos con otros prisioneros. En contraste, hace tres décadas, casi 100 personas purgaban penas de muerte.
Tres de los ocho reclusos de Missouri casi seguramente pasarán el resto de sus vidas en prisión tras ser declarados mentalmente incompetentes para la ejecución. Las apelaciones judiciales continúan para los otros cinco, y no hay nuevas ejecuciones programadas.
Missouri no es el único. A nivel nacional, el número de personas esperando la pena máxima ha disminuido drásticamente desde el cambio de siglo.
"Estamos en una situación muy, muy diferente a la de hace 25 años, y eso es por muy buenas razones", dijo Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro que no toma postura sobre la pena de muerte pero critica los problemas en su aplicación.
El reporte Pena de Muerte USA del Fondo de Defensa Legal reveló que 2.180 personas tienen penas de muerte pendientes este año, una disminución desde las 3.682 en 2000. El año pico de Missouri fue 1997, cuando 96 personas estaban en el corredor de la muerte.
Luego de alcanzar un máximo de 98 ejecuciones en Estados Unidos en 1999, la cifra anual no ha superado las 30 desde 2014. En lo que va del presente año, se han llevado a cabo 23 ejecuciones: seis en Alabama, cinco en Texas, cuatro en Missouri, tres en Oklahoma, dos en Carolina del Sur y una en Georgia, Utah y Florida. Hay dos más programadas: el miércoles en Indiana y el jueves en Oklahoma.
La aplicación de la pena de muerte ha disminuido en parte porque muchos estados la han descartado. Veintitrés estados y el Distrito de Columbia han abolido el castigo, y otros cinco tienen moratorias.
Incluso en los estados que mantienen la pena de muerte, los fiscales en casos de asesinato están mucho más inclinados a buscar sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.
En la década de 1990, la nación solía registrar más de 300 nuevas sentencias de muerte anualmente. En contraste, 21 personas fueron condenadas a muerte en todo el país en 2023.
Un factor importante es el costo. En el juicio, a menudo se traen expertos adicionales, los casos tienden a durar más y se requiere una audiencia separada en la fase de penalización, explicó Maher.
Los costos no terminan con la fiscalía. Las apelaciones judiciales a menudo se prolongan durante décadas, acumulando enormes facturas legales incurridas por entidades públicas: fiscales, fiscales generales estatales y defensores públicos. Dieciséis de las 23 ejecuciones de este año involucraron a reclusos encarcelados 20 años o más.
"Se están invirtiendo millones y millones de dólares —esos son dólares de los contribuyentes— en un sistema que la población estadounidense ha concluido en gran medida que no les garantiza más seguridad", resaltó Maher.
Los fallos penales también han generado menos sentencias de muerte, incluyendo las decisiones de la Corte Suprema que prohíben aplican ejecuciones a personas con discapacidades mentales y a quienes eran menores de edad al momento de cometer los crímenes, detalló Maher.
Las opiniones sobre la pena capital también han cambiado. Una encuesta de Gallup el año pasado encontró que el 50% de los estadounidenses creían que la pena de muerte se aplicaba de manera injusta, en comparación con el 47% que creía que se implementaba de manera justa. Este fue el número más alto desde que Gallup comenzó a preguntar sobre la equidad en la aplicación de la pena de muerte en 2000.
Sin embargo, hay indicios de nuevo apoyo para la pena de muerte en algunos lugares.
Dos ejecuciones realizadas en Carolina del Sur fueron las primeras en ese estado desde 2011. Utah llevó a cabo su primera ejecución en 14 años. Idaho intentó ejecutar a Thomas Eugene Creech en febrero, la primera del estado desde 2012, pero los trabajadores del Departamento de Correccionales no pudieron encontrar una vena viable para administrar el fármaco letal. La ejecución en Indiana esta semana será la primera en 15 años.
Por su parte, el presidente entrante Donald Trump, quien reinició las ejecuciones federales, con 13 en su primer mandato, ha sugerido que volverá a usar la pena de muerte.
"Si el presidente Trump y otros funcionarios electos están prestando atención a lo que les dice el apoyo público, serán más reacios a usar la pena de muerte en el futuro", afirmó Maher.
Algunos de los fiscales más agresivos que buscan la pena de muerte están en California, aunque el gobernador demócrata Gavin Newsom estableció una moratoria sobre su uso.
El fiscal del distrito del condado San Bernardino, Jason Anderson, ha procesado con éxito cuatro casos de pena de muerte desde que asumió el cargo hace seis años, incluido uno la semana pasada: Jerome Rogers fue condenado a muerte por robar y matar a dos mujeres ancianas.
Anderson dijo que algunos crímenes son tan atroces que "es apropiado" buscar la pena de muerte.
"Cuando te sientas en una sala de audiencias y ves la angustia de los familiares sobrevivientes de la víctima, ciertamente no les preocupa que sus dólares de impuestos se utilicen para castigar lo que consideramos un nivel diferente de maldad en un caso de pena de muerte", dijo Anderson.
Señaló que los cuatro casos de pena de muerte que procesó involucraron los asesinatos de un total de 12 víctimas.
"¿Cómo se le pone precio a 12 personas muertas?", preguntó Anderson.