SANTIAGO.- Poca justicia que sanciona adecuadamente las violaciones de los derechos humanos, una precaria respuesta en materia de reparación y la “inexistencia absoluta” en Chile de medidas de no repetición respecto a lo ocurrido en el estallido social de 2019 denunció el sábado la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual.
El informe presentado por Consuelo Contreras en el marco del día de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el país, en una actividad en la que estuvo presente el presidente Gabriel Boric, ofrece cifras abrumadoras: a octubre de 2022, de las 3.151 querellas que acompañó el INDH por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y 18 de marzo de 2020 solo 3% de esas causas tiene a personas procesadas o formalizadas por esos hechos.
De esas 187 personas formalizadas --179 pertenecientes a la policía chilena o Carabineros y 8 a las Fuerzas Armadas-- y de los 18 condenados, sólo dos cumplen penas privativas de libertad.
“Los condenados recibieron atenuantes a sus condenas, en razón de su buena conducta”, establece el informe en su capítulo número 1 referido a las violaciones de derechos humanos en democracia.