Ciudad de Guatemala, 19 oct (EFE).- Más de 200 de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retomaron el control del Congreso del país centroamericano, después de que fuera invadido este martes a la fuerza por veteranos militares que exigen una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996).
Los policías lanzaron bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los sectores aledaños al Congreso, hasta conseguir frenar el caos continúa en las instalaciones del Parlamento y sus calles aledañas, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.
Los militares ingresaron pasado el mediodía de este martes a través del parqueo de las instalaciones del Organismo Legislativo, y entraron a algunas oficinas del lugar, donde quemaron algunas oficinas y al menos cinco vehículos, según constato Efe.
La PNC logró que más de 100 trabajadores y diputados del Congreso abandonaran las instalaciones por salidas alternas, incluso el techo, pero varios sectores criticaron en redes sociales el lento actuar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
"La situación es complicada, porque nos tienen retenidos", dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a medios locales aún dentro del hemiciclo, donde se encontraba por una citación.
También, el diputado Luis Fernando Pineda pidió "ayuda" en sus redes sociales, al señalar que los exmilitares tenían machetes y piedras y consiguieron ingresar al derribar el portón de hierro del estacionamiento del Palacio Legislativo.
"Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los exmilitares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron carros y otros despachos cerca del parqueo", relató a Efe el diputado de Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus, segundos después de haber sido evacuado.
Los excombatientes del conflicto armado interno se habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.
EE.UU. respalda estado de excepción en Ecuador temporal y apegado a derecho
Estados Unidos respaldó este martes el estado de excepción decretado en Ecuador por el presidente Guillermo Lasso para hacer frente a la creciente inseguridad, aunque pidió que este sea temporal, focalizado y apegado a derecho.
Así lo manifestó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tras mantener un encuentro con el mandatario ecuatoriano en el Palacio de Gobierno de Carondelet, donde aseguró que este le explicó que son "medidas excepcionales para lidiar con el reto del narcotráfico y la violencia y delincuencia que conlleva".
"Sabemos que en las democracias hay momentos, hay circunstancias excepcionales y hacen falta ciertas medidas para bregar con situaciones como las que experimenta Ecuador en este momento", recalcó el jefe de la diplomacia estadounidense al mostrar su comprensión y apoyo a la decisión.
Con todo, reflexionó que este tipo de medidas "se deben implementar en base a la Constitución y ser focalizadas con el objetivo que se busca y tener un fin definido, y por supuesto proceder de tal manera que se apoyen en los principios democráticos. Es una prioridad para EE.UU. que se respeten estas normas".
El presidente ecuatoriano declaró este lunes el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró una "grave conmoción interna" debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales.
Al analizar la decisión, Blinken subrayó que "es esencial que se limiten estas medidas y su duración", además de "brindar seguridad a la ciudadanía y que se respeten los derechos humanos, y que las Fuerzas Armadas cumplan principios internacionales".
Y reveló que sus conversaciones con las autoridades ecuatorianas trató la manera de profundizar la cooperación y colaboración en seguridad, y el tema más amplio del narcotráfico y la inseguridad que general. "Lo hemos discutido muy detenidamente", aseveró.
El secretario de Estado habló de la necesidad de abordar el fenómeno del narcotráfico de forma integral y bajo una "responsabilidad compartida" y resaltó que la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos ha trabajado activamente con sus contrapartes ecuatorianas y se han destinado 30 millones de dólares en asistencia bilateral desde que el programa se reinició en 2018 "financiando, entrenando, (colaborando con) asistencia técnica".
El jefe del Departamento de Estado aclaró que esa asistencia fue analizada hoy en Ecuador y que seguirá impulsándose.