BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro estuvo en riesgo de sufrir un posible atentado el pasado 20 de julio, día en que el mandatario participó en un acto público, reveló el jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sin mostrar pruebas.
El funcionario declinó dar más detalles sobre la supuesta amenaza al ser interrogado por periodistas. "Había informaciones respecto de eso... de un atentado, de cuyos detalles no voy a mencionar nada".
Petro participó el 20 de julio en un tradicional desfile militar con el que se conmemoraron los 214 años de la independencia de España, luego de llegar con varias horas de retraso al evento realizado en las calles del centro de Bogotá.
Tras recibir reclamos de impuntualidad desde diversos sectores, el mandatario explicó que llegó tarde "por información a corroborar desde la embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta".
Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia del país, ha recibido amenazas a través de redes sociales desde que se posesionó en 2022, según él mismo ha denunciado ante la fiscalía. También recibió amenazas durante la campaña electoral en 2022, por lo que en sus discursos en plazas públicas era custodiado por un grupo de escoltas con escudos y con militares que vigilaban en los edificios aledaños.
El ministro de Defensa señaló que no es la primera vez que reciben información sobre posibles ataques al mandatario por lo que hay actividad de inteligencia que constantemente "busca la protección justamente de la integridad del presidente".
Petro ha impulsado en su gobierno una política de negociaciones simultáneas con diversos grupos armados ilegales que persisten en Colombia luego del histórico acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luego de cinco décadas de confrontaciones.
La violencia continúa siendo una preocupación en el país andino pese a los diálogos de paz que sostiene el gobierno con grupos armados como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y facciones de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de 2016. Los armados se disputan el control territorial de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.