PHOENIX (AP) — Un día después que los legisladores votaran a favor de incluir una propuesta fronteriza en las boletas electorales de Arizona del 5 de noviembre, un grupo de defensa de los latinos y un legislador demócrata interpusieron una demanda que impugna la medida porque contiene un supuesto defecto constitucional.
En la impugnación presentada el miércoles, la organización Living United for Change in Arizona y el representante estatal demócrata Oscar De Los Santos argumentaron que la propuesta —la cual procura involucrar a la policía local en el control de la inmigración no autorizada-- infringe una regla de la constitución estatal que establece que las propuestas legislativas deben abarcar un solo tema.
De ser aprobada por los votantes, la propuesta tipificaría como delito estatal el que las personas crucen la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, otorgaría a los funcionarios estatales y locales la facultad de detener a los infractores, y permitiría a los jueces estatales ordenar el regreso de las personas a sus países de origen.
Tipificaría también como delito grave punible hasta con 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y exigiría a algunas agencias gubernamentales el uso de una base de datos federal para verificar la elegibilidad de una persona que no sea ciudadana para recibir prestaciones.
Jim Barton, abogado que representa a la organización activista, expresó su confianza en que un tribunal bloqueará la inclusión de la medida en la boleta electoral, diciendo que no cree que un juez considerará que la medida sea aplicable ampliamente a cuestiones fronterizas, como hacen los que la proponen.
En lugar de ello, Barton dijo que la propuesta se refiere a los temas no relacionados de la regulación de la inmigración, la crisis del fentanilo y la regulación de las prestaciones públicas. "Es defectuosa, y todas las personas implicadas en esto lo saben", afirmó Barton.
Los líderes republicanos que apoyaron la medida dicen que los que están detrás de la demanda intentan evitar que los residentes de Arizona voten sobre un tema de máxima prioridad.
"Los residentes de Arizona están hartos y quieren un cambio", dijo en un comunicado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Ben Toma. En otra declaración, el presidente del Senado, Warren Petersen —también republicano—, dijo que confiaba en que la medida sobrevivirá al escrutinio judicial y obtendrá la aprobación de los votantes en noviembre.
La oficina del secretario de Estado demócrata Adrian Fontes, el principal funcionario electoral del estado que fue blanco de la demanda, declinó hacer comentarios sobre el caso.
No es la primera vez que la Legislatura ha sido acusada de violar la regla que establece que las propuestas legislativas deben abarcar un solo tema.
A finales de 2021, la Corte Suprema de Arizona ratificó una sentencia de un tribunal inferior que concluía que la Asamblea Legislativa —controlada por los republicanos— había infringido la norma de un solo tema al rechazar un proyecto de ley presupuestaria que contenía una lista de deseos conservadores sobre cuestiones de políticas no relacionadas.
La propuesta de Arizona es similar a una ley de Texas que ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras es impugnada. Una corte federal de apelaciones está estudiando actualmente la apelación del gobernador de Texas, Greg Abbott, al fallo que bloqueó la aplicación de la ley del estado.
La aprobación definitiva de la medida fronteriza por parte de la Asamblea Legislativa de Arizona ocurrió el mismo día en que el presidente Joe Biden dio a conocer planes para restringir el número de inmigrantes que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Aunque la ley federal ya prohíbe el ingreso no autorizado de inmigrantes a Estados Unidos, los que proponen la medida afirman que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente la vasta y porosa frontera de Arizona con México. Señalan también que algunas personas que entran a Arizona sin autorización cometen robos de identidad y se aprovechan de las prestaciones públicas.
Los opositores dicen que la propuesta conduciría inevitablemente a actitudes racistas por parte de la policía, le cargaría al estado nuevos costos de agencias policiales que no tienen experiencia con la ley de inmigración, y dañaría la reputación de Arizona en el mundo de los negocios.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar a los inmigrantes que no están autorizados a permanecer en Estados Unidos.
Al aprobar su proyecto de ley de inmigración de 2010, la Asamblea Legislativa de Arizona consideró ampliar la ley estatal de intrusión para penalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Sin embargo, se suprimió la mención de la intrusión y se sustituyó por un requisito de que los agentes, al aplicar otras leyes, pregunten el estatus migratorio de las personas si se cree que están ilegalmente en el país.
A la larga, la Corte Suprema federal ratificó el requisito de interrogar a las personas, a pesar de la preocupación de los críticos de que se actúe con racismo, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otros artículos de la ley.