LA PAZ.- En una sala de cuidados intensivos, 11 neonatos luchan por sobrevivir conectados a un respirador. La más pequeña nació con 950 gramos y la vida de todos depende de las reservas de oxígeno, que escasean en los hospitales por las protestas que mantienen cortadas las carreteras en Bolivia.
El fin de semana las reservas casi se agotaron y los tubos de oxígeno llegaron por avión a La Paz “al filo de la hora”, dijo el jefe de Neonatología del Hospital de La Mujer en La Paz, Hugo Tejerina, a The Associated Press. “Es dramático ver a bebés morir de asfixia”.
Como ese hospital muchos en el país pasan el mismo drama desde que hace 10 días los manifestantes comenzaron a bloquear las carreteras en rechazo a la postergación de las elecciones presidenciales hasta el 18 de octubre.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, está preocupado por los acontecimientos en Bolivia e hizo un llamado a las instituciones bolivianas a que “negocien soluciones a los múltiples problemas del país”, dijo en un comunicado su portavoz Stephane Dujarric.
Un convoy con 66 toneladas de oxígeno líquido era esperado el jueves en La Paz. Demoró tres días en arribar y debió sortear barricadas y manifestantes enfurecidos. Muchas ambulancias también son impedidas de llegar a los hospitales. El Ministerio de Salud reportó hasta el viernes 31 muertes de adultos con COVID-19 por falta de oxígeno.
Tejerina aseguró que ningún recién nacido murió por escasez del vital elemento en su hospital.
El gobierno ha calificado de inhumana la situación y culpado a los seguidores del expresidente Evo Morales de alentar las protestas en momentos en que la pandemia se agudiza, pero se resiste a sacar a las fuerzas del orden por temor a disturbios como la ocurrida a fines del año pasado, reconoció el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Por la tarde, la presidenta interina Jeanine Áñez promulgó una ley para evitar que la fecha de los comicios sea modificada nuevamente en un intento por destrabar el conflicto minutos después de que la Asamblea Legislativa la sancionara. Esto se logró tras un acuerdo impulsado por representantes de la Iglesia Católica, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea.