Puigdemont huyó a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces elude la orden de la Justicia española, que le investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por impulsar un proceso secesionista ilegal.
Obtener ese permiso es el único modo para hacer legal el debate de investidura del dirigente independentista, después de que en la noche del sábado se pronunciara al respecto el Tribunal Constitucional (TC) español.
El Gobierno de Madrid había recurrido de urgencia ante el TC para que impidiera un eventual debate de investidura a distancia, ya que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso que sería leído por un diputado de su grupo.
La petición que Puigdemont planteará al Supremo es inminente, según anunció uno de sus principales colaboradores y antiguo integrante de su Gobierno, Josep Rull, quien criticó el dictamen del Constitucional por “inaudito, con medidas cautelares impropias”.
El acuerdo del TC ha causado un profundo debate en España, puesto que no se ha pronunciado sobre lo que le pedía el Gobierno, que era suspender el pleno del martes en el Parlamento catalán y la candidatura de Puigdemont como prófugo de la Justicia.