BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro instaló el sábado un nuevo periodo legislativo en el Congreso que será clave para el futuro de las ambiciosas reformas sociales para las que propuso un acuerdo político y en las que insistirá cuando llega a la mitad de su mandato.
De fondo hizo ruido un escándalo de corrupción en la estatal Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres por presuntos sobrecostos en contratos que habrían servido para supuestos sobornos en favor de las reformas sociales. Exfuncionarios, ministros y congresistas han sido cuestionados y algunos enfrentan investigaciones judiciales.
Ante el Congreso en pleno, Petro pidió perdón por el caso de presunta corrupción, especialmente por nombrar al exdirector que es investigado por la fiscalía: "Hay una responsabilidad política... y tengo que asumirla". El mandatario se comprometió a recuperar los dineros.
Petro ha apostado su capital político a las reformas sociales, como parte de sus promesas de campaña para reducir la brecha de desigualdad, que considera un problema preponderante en el país. Sin embargo, las victorias han sido pocas. La más notable fue la reforma pensional aprobada en junio, que cambia el esquema que funcionaba hace tres décadas. Pero se hundieron la reforma a la salud y la ley para regular el sistema educativo.
"Quizás porque no compramos congresistas es que no nos han aprobado las reformas", reclamó el jueves Petro, al negar sobornos para los legisladores.
El mandatario anunció que su gobierno volverá a presentar al Congreso la reforma a la salud "concertada" y un paquete de iniciativas que pretenden "agilizar" la implementación del acuerdo de paz que en 2016 firmaron el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La forma de agilizar, según explicó, se hará por medio de un "fast track", una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente hace siete años y que busca revivir.
"No nos vamos a salir una coma de lo que dice el acuerdo de paz", señaló Petro con relación a que sus críticos temen que sea una vía para intentar aprobar otras normas que no tengan que ver con la paz, como buscar una reelección presidencial —actualmente prohibida en el país.
Pero la vía rápida no sería sencilla. El Congreso tendría que aprobar una ley que establezca los instrumentos jurídicos para dar trámite ágil, lo que tardaría varios meses, y luego la Corte Constitucional decidiría si la propuesta es o no acorde con la Constitución.
Petro señaló que el trámite rápido de las leyes "implica acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria".
Insistió en la importancia de que el Congreso discuta y apruebe una eventual reforma agraria como una forma de cumplir el acuerdo de paz de 2016 en el que dice que deben entregar al campesinado tres millones de hectáreas fértiles. En su gobierno se han otorgado 184.000 hectáreas, por lo que Petro señaló que a tal ritmo se necesitarán 20 años para cumplir.
El actual Congreso —elegido en marzo de 2022 por voto popular— es diverso en sus fuerzas políticas y tiene una representación de la izquierda sin precedentes, aunque no suficiente para ser mayoría. Petro todavía debe convencer al centro político y a los partidos de derecha. Se prevé, según acuerdos políticos previos, que el conservador Efraín Cepeda obtenga la presidencia del Senado —la mayor posición de poder en el Congreso—.
"Cepeda ha demostrado no ser tan cercano al gobierno, pero es del partido Conservador y ellos si bien no han apoyado algunas de las reformas, sí le han hecho quórum (presencia mínima para votar leyes) al gobierno y eso es una forma de apoyarlo", señaló a The Associated Press Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Los anteriores presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, son investigados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta corrupción. Sneyder Pinilla, exempleado de la UNGRD investigado por la Fiscalía, denunció que parte del dinero para la compra de los carrotanques por 12 millones de dólares que resultó en sobrecostos habría ido a parar a las arcas personales de los congresistas. Name y Calle han negado dichas acusaciones.
Pese al escándalo de presunta corrupción, Garay considera que a los congresistas no les afecta del todo la percepción negativa que pueda tener la opinión pública y podrían apoyar las reformas sociales. "No me sorprendería que igual vayan a apoyar al gobierno, una cosa es la retórica y otra la práctica", agregó el analista.