WASHINGTON (AP) — Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaban el miércoles con una legislación que impondría nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía antes de las elecciones de mitad de mandato, un intento con escasa probabilidad de éxito que enfrenta resistencia en el Senado.
Republicanos impulsan nueva legislación electoral
El proyecto, llamado Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act, exigiría que los estadounidenses demuestren que son ciudadanos cuando se registren para votar, principalmente mediante un pasaporte válido o un certificado de nacimiento. También requeriría una identificación válida con fotografía algo que algunos estados ya exigen.
Los republicanos insisten que la legislación es necesaria para prevenir el fraude electoral, pero los demócratas advierten que privará del derecho al voto a millones de ciudadanos al dificultar la votación. La ley federal ya exige que los votantes en elecciones nacionales sean ciudadanos pero no hay un requisito de aportar prueba. Múltiples expertos han señalado que el fraude electoral es extremadamente raro, y que muy pocos extranjeros logran colarse. Menos de uno de cada 10 estadounidenses tiene pasaportes válidos.
El representante Bryan Steil, republicano por Wisconsin, al presentar el paquete en una audiencia del comité, afirmó: "Algunos de mis colegas llamarán a esto supresión del voto o una versión reciente de las viejas normas de segregación racial".
Pero indicó que "esas acusaciones son falsas", y argumentó que el proyecto es necesario para hacer cumplir las leyes vigentes, en particular las que prohíben votar a los inmigrantes que no son ciudadanos. "La ley actual no es lo suficientemente fuerte", manifestó.
Reacciones y controversias en torno a la ley
La turbulencia electoral ensombrece la votación
El repentino impulso del Partido Republicano para cambiar las reglas de votación al inicio de la temporada de elecciones de mitad de mandato está encendiendo alertas, en particular porque el presidente Donald Trump ha sugerido que quiere nacionalizar las elecciones a pesar de que la Constitución estipula que deben ser regidas por los estados.
La administración Trump incautó recientemente boletas en Georgia de las elecciones de 2020, que el presidente insiste que ganó pese a su derrota ante el demócrata Joe Biden. El Departamento de Justicia está exigiendo padrones electorales a los estados, incluido Michigan, donde un juez federal desestimó esta semana la demanda del departamento que buscaba esos archivos de votantes. Secretarios de gobierno de varios estados han expresado preocupación de que los datos personales de los votantes puedan compartirse con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía y que eso podría borrar a votantes legítimos de los padrones.
"Que quede claro de qué se trata esto: se trata de que los republicanos intentan amañar la próxima elección", declaró el representante Jim McGovern, de Massachusetts, el principal demócrata en el Comité de Reglas, durante una audiencia previa a la votación en el pleno.
"Los republicanos están impulsando la Save America Act porque quieren que voten menos estadounidenses. Así de simple", agregó.
La legislación es, en realidad, una repetición de un proyecto similar que la Cámara aprobó el año pasado, que también buscaba endurecer las medidas contra el voto fraudulento, en particular entre no ciudadanos. Obtuvo el apoyo de cuatro demócratas de la Cámara, pero se estancó en el Senado, entonces liderado por los republicanos.
Esta versión endurece aún más algunos de los requisitos, a la vez que crea un proceso para que quienes puedan haber cambiado de nombre, en particular por matrimonio, presenten la documentación necesaria y además den fe de su identidad.
También impone a los estados el requisito de compartir su información de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional, como una forma de verificar la ciudadanía de los nombres en los padrones. Eso ha provocado rechazo de funcionarios electorales por considerarlo potencialmente intrusivo para la privacidad de las personas.
Advertencias de funcionarios electorales estatales
Las nuevas reglas entrarían en vigor de inmediato, si el proyecto es aprobado por ambas cámaras del Congreso y promulgado.
Pero, con las elecciones primarias comenzando el próximo mes, muchos críticos denuncian que el cambio repentino sería difícil de implementar y podría confundir a los votantes.
Expertos en votación han advertido que más de 20 millones de ciudadanos en edad de votar no tienen a mano una prueba de ciudadanía. Casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte.
"El día de las elecciones se acerca rápidamente", indicó la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska. "Imponer nuevos requisitos federales ahora, cuando los estados están inmersos en sus preparativos, afectaría negativamente la integridad electoral al obligar a los funcionarios electorales a apresurarse para cumplir con las nuevas normas probablemente sin los recursos necesarios".
La batalla que se avecina en el Senado
En el Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, no parece haber suficiente apoyo para superar las reglas de obstruccionismo parlamentario de la cámara, que en gran medida requieren 60 votos para avanzar con la legislación.
Esa frustración ha llevado a algunos republicanos, encabezados por el senador Mike Lee de Utah, a impulsar un proceso que en este caso evitaría el umbral de 60 votos y permitiría que el proyecto se debata mediante un proceso que abriría la puerta a un debate interminable.
Lee expuso el argumento a los senadores republicanos en un almuerzo a puerta cerrada esta semana, y algunos dijeron después que están considerando el concepto.
"Creo que muchos se lo están pensando con mente abierta", apuntó el senador John Kennedy, republicano por Luisiana. "Yo de seguro lo pienso con mente abierta".
Pero Murkowski, de Alaska, destacó que está totalmente en contra de la legislación.
"Aparte de que la Constitución otorga claramente a los estados la autoridad para regular ´el momento, el lugar y manera´ de celebrar elecciones federales, las directrices uniformes desde Washington, D.C., rara vez funcionan en lugares como Alaska", afirmó.
Karen Brinson Bell, de Advance Elections, una firma consultora no partidista, observó que el proyecto añade numerosos requisitos para los funcionarios electorales estatales y locales sin financiamiento adicional.
"Los funcionarios electorales tienen una petición simple al Congreso: ayuden a llevar la carga, no la aumenten", expresó.